Por Rubén Rodó
PARA LA GACETA TUCUMÁN
A tres meses y dos días de cumplir una década al frente del PE, con dos multimillonarios como mascarones de proa tirando la lista del oficialismo, el gobernador se apresta a plebiscitar su gestión -según su propio decir- en las primarias del 11 de agosto, ya a tiro de arcabuz. Se juega mucho más que la valoración de un tramo administrativo. En realidad, son las vísperas de una pelea mucho más grande -la del 27 de octubre- por la permanencia de Cristina en la Casa Rosada y su modelo, más allá de 2015, por el voto de la gente. También el sillón a préstamo donde asienta su humanidad José Alperovich. Ambos afrontan la prueba más difícil de su carrera política. De ahí, la importancia sustantiva de la inminente consulta. A su manera, el mandamás pinta la provincia como si fuera un cantón suizo por el nivel de vida de la gente y la calidad institucional, con una mirada sesgada, claro.
En su fuero íntimo está convencido de que Tucumán no tuvo otro gobernante como él. Se siente un enviado del cielo puesto en el caliginoso subtrópico como un redentor. Es cierto, no hubo otro igual. Pero no por los motivos que él y sus adulones creen. Cuando se escarba en profundidad lo que hizo o dejó de hacer Alperovich, otra es la lectura que se tiene de la realidad. Sin una pizca de crítica exagera su autoelogio, en tanto los coreutas inflaman su ego al sostener que es el del patrón el mejor gobierno en el último medio siglo. Por amnesia voluntaria soslayan adrede y olímpicamente a Celestino Gelsi y sus obras que sobrevivirán el olvido.
El Estado Provincial, que se recuerde, no conoció el manejo de la cosa pública como el del actual gobierno, por sus anomalías de todo tipo en el plano institucional como en la administración. Cabe preguntarse si para él, ésta es ¿la década ganada o desperdiciada? Ganada, por supuesto, responden al unísono el César y su tropa. Qué otra cosa puede decir su feligresía, sino alabar al señor. ¿Qué prometió al ceñirse la banda? Respetar la Constitución y obedecerla antes que nadie. Fue el primero en llevársela por delante cuantas veces pudo y quiso, y convirtió en humo la división de poderes, soporte esencial del sistema republicano y eliminó, a la vez, la autonomía municipal, comenzando por la de la Capital a la que despojó de sus recursos, como a todas.
Pronto, devino un absolutismo comarcano como el de los Saadi o el de Carlos Juárez. Alguna vez, sin pudor, el mandamás llegó a confesar que era el dueño de la provincia y que no sabía qué hacer con tanto poder en sus manos, en un remedo torpe de Luis XIV, aunque a años luz de distancia. El régimen del monarca francés, al menos, fue un absolutismo ilustrado. Lo que nadie duda es que tuvo en el feudo la suma del poder público. Su desgaste se expresa en el humor social, especialmente en la clase media, agobiada por los problemas cotidianos, como la exacción impositiva llevada a sus límites. Ese hastío florecerá, seguramente, en octubre.
Lo de mayor gravedad institucional fue su vigente tercer mandato. Obcecado por su bulimia de poder ilimitado armó como un mecano una Constitución amañada a su interés personal. Forzó su tercera gestión por una gracia concedida a su majestad de pago chico. Fue posible merced a una cohorte de conjueces complacientes, sin sólidas convicciones democráticas para servir su ambición de poder. La re, re, re fue parida de apuro, con un fallo contrario a derecho -en opinión de los sabihondos-, a sabiendas que la mutada Constitución no podía albergar dentro del mismo texto dos normas flagrantemente contrapuestas entre sí sobre el tercer período, una vez cumplidos dos mandatos consecutivos, según determina la Carta Magna con unívoca claridad. De un plumazo, borró el primer lapso gubernamental.
Con el manejo discrecional de los DNU, transmutó la Legislatura en una sucursal bajo su mano férrea, pese a la abrumadora mayoría oficialista de la cual dispone a voluntad. Infinidad de veces hizo aprobar leyes inconstitucionales, que ningún fiscal cuestionó de oficio. Además, colonizó la Corte Suprema a su antojo con el ingreso de tres de sus cinco miembros. Rechazó cinco veces seguidas a Carlos Eduardo López, a pesar de haber ganado concursos para magistrado, lo que en la sociedad sonó a persecución. Disolvió la Fiscalía Anticorrupción y se cuidó muy bien de controlar el fuero penal, con el nombramiento dedocrático de la mayoría de los fiscales. ¿Antes tuvo otro gobernante ese poder omnímodo? Jamás.
Con larga morosidad, la Justicia volteó algunos institutos por ilegítimos y manifiestamente inconstitucionales. Sólo un botón del muestrario: para remover de su cargo al jefe del PE era necesario contar con las tres cuartas partes del Parlamento, en tanto que para los supremos de la Corte se precisaba los dos tercios. ¿Por qué esta diferencia? Nunca se le hubiera podido iniciar un juicio político. Tampoco ahora. Ni Barack Obama, el hombre más fuerte de la tierra, cuenta con una canonjía de esa naturaleza. Hace poco tiempo a esa mayoría especialísima se la declaró inconstitucional.
Fue una década de buenos resultados para muchos de sus legionarios, sin duda, ganada y reflejada en sus patrimonios. En el ámbito administrativo existen manchas oscuras que no pueden exhibirse como las de una gestión exitosa, precisamente, como la eliminación de la licitación pública y el reemplazo por adjudicación directa de obras públicas por montos millonarios. En 2003, recibió de Julio Miranda -su padrino político- la provincia con una deuda arriba de $3.000 millones. A 10 años, con cifras fiables, estímase que trepó al doble por lo menos. El Estado Nacional es el acreedor excluyente. Si recibió carretillas de rupias como nadie, cómo es posible que un buen administrador -como se jacta- no haya podido eliminarla o achicarla. Abusó de su incompetencia, hubiera dicho Paul Groussac, si viviera.
Se alaba a sí mismo por no tomar créditos en su gestión. El empréstito de 400 millones con el guiño legislativo no fue autorizado por el gobierno central. Si las finanzas andan tan bien como dice ¿por qué metió mano en la Caja Popular y se apropió de $172 millones? La tenaz resistencia de La Bancaria lo obligó a devolver el dinero con intereses. A no equivocarse, es un simple pase contable y nada más. Puede arrebatarlos en cualquier momento, como ya lo ofreció el interventor Cortalezzi. No se precisa de la ley, sino de un trámite administrativo.
Bajo su mandato nombró 25.000 agentes estatales, engordando una plantilla ya de por sí sobredimensionada. Hoy cuenta con más de 70.000 empleados. Dispone de un presupuesto vigente de $17.000 millones. La obra pública registra como ícono -no de transparencia, justamente- la nueva sede parlamentaria, "horrible y cara" según la definió César Pelli, arquitecto tucumano de estatura planetaria, con obras en todo el mundo, menos en su tierra.
En toda su administración, el esfuerzo matinal de Alperovich estuvo volcado particularmente en el cordón-cuneta, pensando más en la próxima cosecha electoral que en obras para apuntalar el desarrollo de Tucumán. La construcción del dique Potrero de las Tablas garantizando la provisión de agua a la población, sigue en la carpeta de las profecías incumplidas. Los caminos y las escuelas se concretaron con recursos federales, apropiándose de su ejecución. Pero no de los fracasos ferroviarios, como los trenes a Tafí Viejo con sólo un viaje de ida y a Concepción, que los achacó a la Nación. Es notorio el déficit vial apto en el territorio.
Son escasos los emprendimientos de envergadura del gobierno a lo largo de la década. En salud pública no es cuestión de amontonar ladrillos, sino de ofrecer a la gente servicios eficaces y con prontitud. Las estadísticas de salud y de educación están infectadas con el virus de la "morenización". En un esfuerzo privado sin igual el Grupo Lucci quiso instalar una planta procesadora de soja para producir biodiesel. No pudo concretarla por trabas "burocráticas" del gobierno local. Tucumán perdió, así, una inversión genuina superior a los 100 millones de dólares. Finalmente, se hizo en Santiago del Estero, donde tuvo condiciones favorables negadas aquí. De la seguridad, ni hablar. El caso de Paulina Lebbos es un ícono.
A trazo grueso, a mano levantada y grandes pinceladas, ésta es, sucintamente, la gestión que plebiscitará Alperovich el 11 de agosto, después de haber recibido en sus tres mandatos 67.000 millones de pesos. La evaluación queda a cargo del lector sufragante.
Concluida la feria tribunalicia resurgirán en la Corte dolores de cabeza que nunca desaparecieron. Debe resolver de inmediato la acción de amparo de salud en favor del camarista Emilio Herrera Molina, a quien Alperovich, arbitrariamente, negó su derecho a jubilarse. La pregunta del millón es si la vocal Claudia Sdbar se animará a suscribir el fallo ordenando al jefe del PE a aceptar la dimisión. En montoneras, abogados y togados hacen apuestas. El caso de Marita Verón es una historia mucho más compleja. Para otra columna.