La postal ayer en los tribunales penales fue inusual. Una decena de policías de la división Infantería custodiaban la entrada a la Fiscalía de Instrucción de la V° Nominación, donde debían declarar los 28 policías imputados -en principio, se había señalado en forma oficial que eran 27- por la privación ilegítima de la libertad de tres personas, a quienes habrían pedido una coima de $ 30.000 para dejarlos circular.

Todo el personal que trabaja en la Brigada de Investigaciones Norte, con sede en Yerba Buena, fue trasladado a Tribunales a primera hora de la mañana y alojado en una de las salas de juicio oral, que hizo las veces de una alcaidía provisoria. Habían pasado la noche en distintas reparticiones policiales, luego de que fueran aprehendidos.

El fiscal de Instrucción Washington Navarro Dávila explicó que luego de que los policías declarasen, iba a definir la situación de cada uno, ya que entre los detenidos hay efectivos que se encontraban de licencia y otros que no trabajaron en el momento en el que un agricultor chaqueño, su hija y un amigo fueron privados ilegalmente de la libertad.

"Como la denuncia fue efectuada en contra del personal de la Brigada de Investigaciones de la Regional Norte y hay una descripción por parte de las víctimas con datos precisos de los mismos, vamos a disponer una rueda de reconocimiento", dijo Navarro Dávila en una conferencia de prensa que brindó al mediodía.

El supuesto control Juan José Vallejo llegó a Tucumán el jueves a las 3, junto a su hija y a un amigo. En uno de los accesos a la capital se encontró con un supuesto control policial, donde le pidieron una coima de $ 30.000 y lo llevaron detenido a la Brigada Norte. A la mañana siguiente, un efectivo vestido de civil llevó a Vallejo hasta la sede céntrica del Correo Argentino para que retirara el dinero que le había depositado su esposa desde Chaco. La camioneta en que la víctima fue trasladada no pertenece a la repartición policial, sino que se encontraba secuestrada por otra causa.

"El personal policial estaba utilizándola sin ninguna autorización. Estaríamos ante otro posible delito a investigar y veremos cuál es la Fiscalía que tiene a cargo el secuestro de ese vehículo", afirmó Navarro Dávila.

La víctima le comentó lo sucedido al empleado del correo, quien le avisó al personal de seguridad. Cuando los policías y el fiscal llegaron a la Brigada de Investigaciones Norte constataron que allí se encontraban la hija y el amigo de Vallejo, y que no se había dejado registro de su ingreso en los libros de la dependencia policial.

Navarro Dávila dispuso la aprehensión del jefe de la Brigada Norte, Jorge Pereyra, y de todo el personal, incluidos los que se encontraban de licencia. Ayer a la mañana el juez de Instrucción Francisco Pisa ordenó la detención de todos los policías. Durante la tarde fueron declarando ante el fiscal en la sede de tribunales.

La presencia del personal de Infantería en la puerta de la Fiscalía y de la sala de juicio oral en la que estuvieron los detenidos fue justificada por el fiscal ante la necesidad de garantizar la incomunicación que se impuso a los policías. Además, Navarro Dávila evitó que se tomaran fotografías y se filmara a los detenidos, ya que debe -se explicó- realizar un reconocimiento en rueda de personas con las víctimas. Pero antes de que se diera esa explicación hubo un incidente con el periodista de LA GACETA José Inesta, quien fue expulsado del sector por el fiscal. La difusión previa de las imágenes, según comentaron fuentes tribunalicias, podría tirar abajo la prueba, ya que los abogados defensores podrían alegar que las víctimas vieron las fotos o videos y por eso señalaron a algún policía. Cuando declararon Vallejo y su amigo, dieron las características físicas de los efectivos involucrados, y afirmaron que podían reconocerlos.

"Quiero destacar la actuación del jefe de Policía (Jorge Racedo) y del segundo jefe de la Regional Norte (Mario Rojas) dándole protección y contención a la víctima. Fue inmediata la intervención porque, si no, hubiera sido más grave", expresó el fiscal. Los policías se encuentran acusados por varios delitos, entre los que se destaca la privación ilegítima de la libertad. El fiscal no descartó que una vez que avance la investigación pueda imputarles asociación ilícita u otros delitos.