BUENOS AIRES.- Mucho se ha escrito y hablado, a favor y en contra, acerca del viraje de 180 grados en la política energética del Gobierno, que tras expropiar las acciones de Repsol en YPF y acusar a la compañía española de cuanta maldad haya habido en el Tierra, ahora concede a la multinacional de origen estadounidense Chevron una serie de beneficios que Antonio Brufau no hubiera podido imaginar en sus sueños.
Se podrá hablar -y con toda razón- de un verdadero "cepo petrolero", derivado a su vez del cambiario, pero que cuenta con excepciones hechas a imagen y semejanza de una sola empresa, que contará con ventajas a las que el resto del mercado no podrá acceder. Si la intención es crear fuentes de trabajo, los estudios jurídicos se anotarán en primera fila. Pero tanto los detractores como los que elogian la medida oficial admiten que la decisión se originó en la incapacidad local de generar las divisas suficientes para encarar una inversión varias veces millonaria en dólares, cuyos réditos no se verán en el corto ni en el mediano plazo. En fin, nada nuevo desde que en 1492 la Corona Española confió a un marino genovés su emprendimiento marítimo más arriesgado o, acercándonos en el tiempo, Vladimir Lenin admitiera que había que pagar "cierto tributo al capital extranjero" para levantar la destrozada economía de la naciente Unión Soviética.
Toda la dirigencia política medianamente informada sabía de memoria la insuficiencia de un país como Argentina para afrontar por sí sola inversiones de la envergadura que requiere la actividad petrolera. Sin ir más lejos, la producción de crudo de YPF representa apenas la tercera parte del total del país, con más de treinta compañías repartiéndose los dos tercios restantes.
Todos lo sabían, a 60 años del contrato de Juan Domingo Perón con "la California" (por la Standard Oil, que desde hace un cuarto de siglo se llama... Chevron). Desde su exilio en Caracas, en 1956, el propio ex presidente dio las razones en su libro "La fuerza es el derecho de las bestias", en el que, además de su famosa frase que denostaba a los "nacionalistas de opereta", daba a conocer los números que justificaron su apertura al capital extranjero: "el compromiso con la Standard Oil de California era llegar a satisfacer en tres años las necesidades del país trabajando conjuntamente con YPF. Es decir, llegar a producir los 9 millones de metros cúbicos que hoy importamos, liberando casi U$S 300 millones que hoy gastamos en combustible... dentro de 10 años, si se mantiene el ritmo de crecimiento actual, la importación de petróleo alcanzará una cifra cercana a los U$S 8.000 millones".
Todos lo sabían, a más de medio siglo de la "Batalla del petróleo" de Arturo Frondizi, que se encargó de cerrar el agujero fiscal y productivo al que Perón hacía referencia y triplicó en cuatro años la producción petrolera total, además de duplicar la de YPF. Tanto lo sabían que sus principales defensores de hoy provienen de las fuerzas políticas que lo condenaron hace más de medio siglo.
No hay, en 115 años de historia de producción de hidrocarburos argentina, una gestión con peores resultados en la materia que la de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. A lo largo de la "década ganada", la producción de petróleo registró una caída de 25,2% y de un 3,8% en gas. En reservas, los retrocesos fueron 10,5% y 49,9%, respectivamente, según datos del IAPG. Pero son los números de los planos fiscales y de comercio exterior los más preocupantes:
• La importación de combustibles en 2013 superaría los U$S 12.0000 millones y por sí sola representaría un tercio de las reservas monetarias del Banco Central (BCRA). De continuarse con las tendencias, las consecuencias no afectarían solo a la producción, sino llevarían a una espiralización inflacionaria.
• Si el kirchnerismo hubiese, por lo menos, mantenido los niveles de producción de 2002 a los valores actuales del barril WTI, el ahorro hubiera sido de por lo menos U$S 22.000 millones. Además, los subsidios para la importación de combustibles en el primer semestre de 2013 llegaron a $ 30.092,2 millones, el doble que lo pagado en el mismo lapso en concepto de deuda pública.