"Tucumán está enfermo de una indigestión de caña. Ha plantado 20.000 hectáreas más de lo que puede consumir, con la ayuda de toda su familia. ¿Qué hay que hacer? Pues curar la indigestión, eliminando la caña que sobra", escribía Carlos Pellegrini al gobernador de Tucumán, Lucas Córdoba, en 1902.
Córdoba se movió rápidamente, en nerviosas reuniones con industriales y cañeros, mantenidas en Tucumán y en Buenos Aires. A pesar de sus esfuerzos, no logró unificar un criterio en los interesados. Pero tenía el respaldo de Ernesto Tornquist y su poderosa Compañía Azucarera Tucumana. En junio, envió a la Legislatura un proyecto, que se convirtió en ley y que promulgó de inmediato.
En lo sustancial, la nueva ley creaba un impuesto adicional sobre la cosecha 1902 y devolvía a las fábricas un porcentaje sobre los azúcares que exportaran. Repartía el producido del tributo entre los cañeros que destruyeran sus plantíos (por eso el ordenamiento fue llamado "ley machete") o que los destinaran a finalidades distintas de la elaboración de azúcar o de alcohol.
A pesar de haberse arbitrado con la cosecha ya iniciada, la "ley machete" -reiterada para la zafra siguiente- produjo los efectos buscados por el Gobierno, salvando de la ruina a numerosos plantadores. Fue impugnada por algunos ingenios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el alto tribunal les hizo lugar.
Pero el fallo de inconstitucionalidad se produjo en septiembre de 1903, cuando las condiciones del mercado ya habían cambiado. En suma, con el novedoso recurso, el gobernador Lucas Córdoba había logrado capear la crisis.