MADRID.- El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, rechazó ayer que vaya a dimitir de su cargo, tal como le exige el opositor Partido Socialista Obrero Español (ver "La oposición...") por el escándalo de la supuesta financiación ilegal de su Partido Popular (PP) y de haber cobrado sobresueldos en negro por varios años.

"Voy a defender la estabilidad política y voy a cumplir el mandato que me han dado los españoles. Aquí hay un Gobierno estable que va a cumplir con su obligación", aseveró Rajoy en una rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa, junto al primer ministro polaco, Donald Tusk, cuya visita quedó opacada.

Casi al mismo tiempo, el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, admitió ante la Justicia ser el autor de la supuesta contabilidad paralela de esa agrupación, y convalidó con documentos originales las publicaciones realizadas por los medios españoles desde enero, cuando el diario El País comenzó con una serie de notas. En su indagatoria, le entregó al juez, Pablo Ruz, la contabilidad paralela a la oficial que llevó por años en forma manuscrita (ver "Una confesión...").

Rajoy leyó su primera respuesta luego de darle el turno de pregunta al diario ABC (no le correspondía), y evitó dar un desmentido directo sobre la supuesta financiación ilegal del PP y los salarios ilegales a la cúpula del partido, entre los que figura su nombre. Por el contrario, se remitió a sus palabras del 3 de febrero, cuando negó la existencia de esos pagos ante la plana mayor de su agrupación. "Me ratifico en lo que dije en aquella comparecencia pública y en lo que afirmé en el debate sobre el estado de la Nación", dijo.

El mandatario justificó además el silencio sobre el caso que le reprocha la oposición, que no ha conseguido forzar a Rajoy a comparecer en el Congreso para dar explicaciones. "Un Presidente del Gobierno no puede estar saliendo cada día al paso de las insinuaciones y rumores que se vayan publicando", aseveró.

El jefe de Estado agregó que las dos cosas más importantes en España en este momento son las reformas necesarias para sacar al país de la crisis económica y la estabilidad política, y que no permitirá que el caso Bárcenas se interponga en su plan de Gobierno ni lo desvíe de sus objetivos. "Las instituciones han actuado, actúan y actuarán con independencia mientras yo sea Presidente", aseguró, para aclarar que no se produjo ni se producirá "indicación", "sugerencia" o "presión" alguna a la Justicia.

Mensajes de texto
Su responsabilidad en el caso se profundizó aún más el domingo, cuando el diario El Mundo publicó los mensajes de texto que intercambió con Bárcenas hasta marzo, lo que confirmó contactos entre ambos que el PP había negado hasta ahora. Rajoy aseguró que esas pruebas "lo único que hacen es ratificar que el Estado de derecho y las democracias serias no se someten a chantaje", y que nunca cedió a las peticiones del detenido ex tesorero, imputado desde 2009 en la trama Gürtel, un grave hecho de corrupción que salpica al oficialismo.

Bárcenas está en prisión preventiva desde el 27 de junio, y con sus nuevas acciones ha dado un giro de 180 grados en su estrategia, en la que inicialmente negó lo que ayer admitió y entregó documentos que dijo no tener antes.

La estrategia elegida por el líder del PP fue atrincherarse en la batalla contra Bárcenas, pero no hablar, desmentir frontalmente ni explicar, ni siquiera para defenderse. El PP lo blindó en el Congreso de los Diputados, donde la holgada mayoría absoluta del oficialismo le permitió rechazar todos y cada uno de los intentos de la oposición por forzar su comparecencia para debatir sobre este caso.

Rajoy hace un ejercicio de resistencia casi pasiva, en momentos en que su credibilidad prácticamente rueda colina abajo y frente a una presión política, social y mediática que crece día a día. (DPA-Reuters-Especial-Télam)

 La oposición busca unificarse

MADRID.- El secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Alfredo Pérez Rubalcaba, inició ayer contactos con el resto de la oposición para tratar de acordar una acción conjunta y forzar la dimisión de l presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o, al menos, que dé explicaciones en el Parlamento sobre el escándalo de corrupción que lo involucra, destapado por el detenido Luis Bárcenas.

Los socialistas exigen que Rajoy renuncie al cargo, y que el oficialista Partido Popular (PP) postule otro mandatario. La designación es votada en el Congreso, donde el PP tiene cómoda mayoría.

Esta postura se diferencia de otras de la oposición, pero las opiniones podrían unificarse en una moción de censura contra el Gobierno, como la que impulsa la líder de Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez.

El grupo parlamentario Izquierda Plural, que conduce Izquierda Unida, reclama que, junto a la renuncia de Rajoy, el rey Juan Carlos apruebe un decreto para la disolución del Parlamento y se convoque a nuevas elecciones generales anticipadas. Este criterio ya fue anunciado por el diputado Cayo Lara, y logró el respaldo de numerosos legisladores de partidos regionales que componen el Grupo Mixto, del Bloque Nacionalista Gallego, de Ezquerra Republicana de Cataluña, de Compromís-Equo y de Geroa Bai.

El presidente del Partido Nacionalista Vasco, Andoni Ortuzar, le exigió a Rajoy que "dé la cara" y comparezca en el Congreso para explicar "lo que sabe" del caso Bárcenas que, a su juicio, "está destrozando la imagen internacional" y la fiabilidad del Estado español. El mismo criterio lo sostiene Coalición Canaria-Nueva Canaria y los catalanes de Convergencia y Unió (CiU). "Le creemos más a Rajoy que a Bárcenas, que le ha mentido a todo el mundo", dijo su dirigente, Josep Antoni Durán Lleida. (Especial)

Una confesión de cinco horas

MADRID.- El ex tesorero del Partido Popular (PP), Luis Bárcenas, declaró ayer como imputado por casi cinco horas ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, a quien le entregó numerosa documentación en papel y electrónica en un pen drive y el manuscrito de la contabilidad paralela que llevó en la agrupación, con lo cual confesó su autoría en maniobras ilegales.

El ex senador está detenido desde el 27 de junio en la prisión madrileña de Soto del Real, por la trama de corrupción Gürtel. Ante Ruz, ratificó la existencia de un esquema de financiación ilegal del PP durante 20 años, con donaciones de empresas que superaban el límite legal establecido para los aportes (luego firmaban contratos con el Estado) y con otras que procedían de personas o firmas que, por ley, no podían hacer contribuciones a los partidos. En esos papeles se registraron también pagos periódicos a la cúpula partidaria, que no fueron declarados al fisco y que no se podían concretar a quienes eran funcionarios públicos. Entre los beneficiarios aparece Mariano Rajoy, mientras era ministro de José María Aznar.

Bárcenas involucró ayer directamente al presidente Rajoy y a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, al detallar que les entregó dinero en efectivo en 2009 y 2010 (año en el que dejó de ser tesorero del oficialismo) por más de U$S 117.000, en billetes de 500 euros guardados en un sobre marrón. La dirigente oficialista, que fue citada por la Justicia, negó toda relación laboral con Bárcenas. "Ni los donantes ni lo receptores exigían recibos. El planteo era 'vosotros nos ayudáis con las campañas electorales y nosotros, con los contratos'", dijo Bárcenas ante el juez. También relató que en septiembre de 2011 (antes de los comicios que ganó Rajoy), el empresario de la construcción, Juan Miguel Villar Mir, entregó al PP casi U$S 400.000 y pidió que Rajoy supiera que lo había hecho. (Especial-Télam-DPA)