Algunas de las conclusiones a las que arribaron los secretarios académicos de unas 25 universidades nacionales que debatieron entre el martes y el miércoles en Horco Molle ponen en cuestión fundamentos de la Ley de Educación Superior (LES), sancionada en julio de 1995. Los funcionarios de las casas de altos estudios redactaron documentos que abordan diversas problemáticas que afectan a las universidades públicas. Aunque no revisten carácter vinculante, serán remitidos al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y, mediante la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), a la Casa Rosada.
La subsecretaria Académica de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Marta Juárez de Tuzza, celebró, primeramente, la realización de las jornadas. "Se trabajó sobre la problemática de las carreras consideradas 'de riesgo' por la LES. Si bien ya contamos con carreras acreditadas, hoy resultan necesarios otros fundamentos, a partir de los cuales determinar a qué carreras se denomina 'de riesgo'. Se pedirá que se revisen los estándares", adelantó.
La funcionaria -que representó a la casa de Juan B. Terán en la jornada- contó que algunas cuestiones insumieron mayor tiempo de discusión y de análisis. "Debatimos sobre lo que significa asumir la responsabilidad de la educación superior cuando nivel de ingresantes a universidades nacionales alcanza sólo al 25%, mientras que el 75% restante es atendido por universidades privadas o por institutos de educación superior", dijo.
Y agregó que calificaron de positivo el aumento en el nivel de retención: "a partir del congreso de tutorías, el Ministerio de Educación de la Nación dejó consolidado en universidades el financiamiento para tutorías; y comenzó a generar proyectos de mejoramiento para otras carreras, no sólo para las que tenían que acreditar. Celebramos esto, y pedimos a la SPU que estos programas se destinen a más carreras". Las conclusiones serán enviadas al CIN y a la SPU.