BUENOS AIRES.- Esta semana se espera que, finalmente, la Corte Suprema de Justicia se expida respecto de la constitucionalidad de una de las leyes de la denominada Democratización del Poder Judicial: la Ley 26.855 de Reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación que, entre otros cambios, plantea la "elección popular" de todos los consejeros que integran el cuerpo.

La definición llegará días después de que la Corte aceptara el per saltum que planteó el Gobierno nacional, ante el fallo adverso que recibió la Reforma del Consejo de la Magistratura.

Por ello, el kirchnerismo redobló la presión política contra los magistrados que lo componen, y el encargado de arremeter contra la Justicia fue el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto.

El rionegrino cuestionó con dureza los fallos que dictó la jueza federal María Servini de Cubría, que frenaron la elección popular de los representantes del organismo que selecciona y remueve a los jueces.

El martes pasado, la jueza Servini de Cubría resolvió declarar la "inconstitucionalidad" de varios artículos de la nueva legislación.

Pero el Gobierno apeló y ahora la decisión está en manos de la Corte, que aceptó analizar la cuestión y resolverla de manera urgente. Pichetto indicó que "la Corte no es un 'suprapoder', no está por encima de los otros poderes, y tiene que ejercer sus funciones con prudencia y responsabilidad". El senador calificó como "lamentable" el fallo en primera instancia de Servini de Cubría declarando la inconstitucionalidad de la ley en cuatro artículos de la norma, limitando la convocatoria a elecciones.

La reforma de la Magistratura sería frenada por la Corte. Pero la postura de los ministros está dividida: una declaración rotunda y contundente de la inconstitucionalidad de la norma, o un fallo más político y mediador para evitar enfrentamientos con el Gobierno. Ricardo Lorenzetti, el presidente del cuerpo, tendrá un gran desafío en la búsqueda de consenso entre los miembros del Tribunal.

Según "Perfil", el "ala dura" de los ministros liderada por Carlos Fayt sostendría que la reforma del Consejo "destruye el artículo 114 de la Constitución nacional, al romper el equilibrio entre las representaciones de los órganos, ya que un solo segmento político tomaría todas las decisiones".

Justamente, la presidenta, Cristina Fernández, criticó la semana pasada a Fayt (95) -sin nombrarlo- cuando a través de Twitter escribió: "No puede ser! Si la Constitución establece un límite de 75 años para ser parte del alto tribunal... ¿Ven que están mal informados? Por una acordada (decisión que puede tomar por simple mayoría la Corte) la Constitución, la Ley y lo que diga María Santísima... out".

"Los hechos son sagrados, pero el comentario es libre", afirmó Fayt, a través de una nota que hizo llegar a periodistas, en respuesta al ataque presidencial.

Mientras tanto, el "ala más política" de la Corte busca consenso para evitar que el fallo signifique un quiebre definitivo con el Gobierno. En ese sector estarían Lorenzetti y la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco. A pesar de buscar un fallo menos duro contra el Gobierno, coinciden en fallar en consonancia con los razonamientos jurídicos de Servini de Cubría.

Triunfo o derrota

La Corte se pronunciaría antes del feriado largo, que empieza el jueves, sobre la polémica reforma.

Por estas horas, nadie se anima a adelantar la votación. "Es un proceso dinámico que cambia todos los días", respondieron voceros sobre el debate interno que ocupa a los jueces. ¿El gobierno "K" se prepara para afrontar una de sus peores derrotas? Es posible, pero el kirchnerismo, seguramente, no se quedará de brazos cruzados hasta ver cómo evolucionan los hechos. ¿Intentará modificar el número de integrantes de la Corte? ¿Emprenderá un ataque político advirtiendo que esa potencial derrota es fruto de actitudes destituyentes del Poder Judicial? Varios interrogantes sin respuesta por estas horas. Del desarrollo de la semana saldrán las reacciones del oficialismo. (Especial)