En menos de 15 días, la investigación por el crimen de Paulina Lebbos pareció desperezarse de su letargo y las novedades en torno a la causa se sucedieron una tras otra. El 5 de junio, el fiscal que tuvo el expediente durante siete años se inhibió y fue designado un nuevo investigador.

Dos días más tarde, un testigo pidió protección porque estaba siendo intimidado por lo que conoce del hecho. Ahora, la Corte Suprema de Justicia de la provincia instó a Diego López Ávila (el nuevo fiscal del caso) a que haga todo lo necesario para esclarecer el homicidio. Antonio Estofán, René Goane, Antonio Gandur, Claudia Sbdar y Daniel Posse firmaron el jueves una acordada en la que tomaron en cuenta la presentación que realizó el 6 de junio Alberto Lebbos. En la nota, el padre de Paulina mencionó las deficiencias en la investigación que detectó Bernardo Lobo Bugeau en un informe realizado para el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

La Corte Suprema consideró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros puntos, establece que el Estado tiene la obligación de investigar diligentemente para evitar la impunidad.

Para eso, instaron al fiscal de Instrucción de la IV° Nominación (que tiene a su cargo la investigación desde principios de junio) a que "adopte las medidas necesarias a fin de concluir en el menor tiempo posible la etapa de investigación penal por el homicidio de Paulina Alejandra Lebbos".

Juicio a policías
La acordada de los vocales de la Corte también hizo referencia a la causa en la que los policías Enrique García, Roberto Lencina y Manuel Yapura están acusados por falsificación de instrumento público. El juicio oral por este caso se realizará en diciembre, según la agenda que establecieron los jueces de la Sala III de la Cámara Penal Dante Ibáñez, Carlos Caramuti y Ana Lía Castillo de Ayusa.

La acusación durante el juicio estará a cargo de la fiscala de Cámara Juana Prieto de Sólimo. La Corte le pidió a la representante del Ministerio Público que les envíe, a la mayor brevedad, un informe detallado de la causa y cuál es la relación que tiene con la investigación del homicidio de Paulina. Para ello, López Ávila deberá darle copia certificada de los más de 30 cuerpos del expediente principal.

Con este último punto, los miembros del máximo tribunal quieren que se determine si, como cree Alberto Lebbos, los policías no sólo falsificaron actas, sino que habrían colaborado para encubrir el crimen. Así, la primera quincena de junio significó un despertar para una causa que, en los últimos años, parecía dormir en los armarios de tribunales.