BUENOS AIRES - Irán rechazó ayer el nuevo dictamen del fiscal federal Alberto Nisman contra ese país por el atentado a la AMIA, ocurrido en 1994. Y consideró un "sionista" al principal investigador de la masacre, que impulsa la correspondiente causa. Así lo afirmó una breve nota aparecida en la página de la agencia oficial de noticias iraní IRNA, que informó que Teherán refutaba las acusación del fiscal.
Un vocero del Ministerio del Exterior iraní aseguró que no le prestarían "la menor importancia" al reclamo del fiscal, considerando sus antecedentes "sionistas". En ningún momento se menciona el nombre de Nisman, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la AMIA desde 2005 y sobre quien pesa un pedido de captura por parte de Irán, precisamente por la investigación que viene desarrollando. La nación islámica lo acusa de lesionar el honor iraní junto al ya destituido Juan José Galeano, el primer juez que tuvo la causa y motorizó las imputaciones contra Irán. El dictamen fiscal llegó cuando podría ponerse en vigencia el acuerdo firmado en enero entre la Argentina e Irán para levantar las órdenes de captura internacional contra esos sospechosos, a cambio de que se presenten a un interrogatorio en suelo iraní por parte de Nisman y el juez Rodolfo Canicoba Corral. Precisamente, ayer, en Buenos Aires, un grupo de abogados de víctimas del atentado contra la AMIA presentó ante el juez Canicoba Corral un planteo de inconstitucionalidad de ese acuerdo, aprobado en el Congreso como la Ley 26.843.
"Al crearse la denominada 'Comisión de la Verdad' que revisará el 'caso AMIA', se está avanzando sobre la independencia del Poder Judicial argentino, instituyendo una suerte de 'Tribunal revisor'", sostuvieron los abogados Carlos Wiater, Juan Richarte y Diego Sznurewicz.Los letrados cuestionaron que "no se hable de declaración indagatoria ni se haga referencia a ninguna disposición del Código Procesal Penal de la Argentina", por lo cual el acuerdo no contempla cuestiones básicas para una investigación según las leyes locales. Agregaron que el acuerdo "vulnera el artículo 16 de la Constitución Nacional, que consagra el principio de igualdad ante la ley, ya que resulta inadmisible el otorgamiento de prerrogativas personales, de las que son beneficiarios los imputados de un crimen de lesa humanidad". (DYN)
El fiscal había denunciado la infiltración de terroristas
El fiscal general de la causa AMIA, Alberto Nisman, firmó el miércoles pasado un dictamen de 500 fojas en donde acusó a Irán de infiltrar distintas células terroristas en varios países de América Latina para preparar el terreno de lo que sería el ataque contra la mutual judía que el 18 de julio de 1994 provocó la muerte de 85 personas.
Tal como se publicó, en ese documento de 500 fojas, el funcionario judicial denunció la instalación de "estaciones de Inteligencia" en Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam. Luego, afirmó que Irán es un Estado con una importante matriz terrorista instalada desde el triunfo de la Revolución Islámica de 1979, y remarcó que la intención de estas redes terroristas es "exportar esa revolución".
Nisman remarcó en esa oportunidad que tiene pruebas para avalar su presentación y agregó: "donde uno rasca encuentra algo que los incrimina en la denuncia". Además, hizo hincapié en el rol de Mohsen Rabbani, quien era agregado cultural de la embajada de Irán en la Argentina cuando ocurrió el ataque a la AMIA, "no sólo en este atentado sino también en la infiltración terrorista en la región".
Al respecto, el fiscal lamentó que la Argentina no haya expulsado a Rabbani antes del atentado, que fue perpetrado en 1994, porque, enfatizó, "de esa forma, tal vez se hubiese evitado".
Sobre Interpol, pidió que "extreme los recaudos" para lograr la detención de todos los acusados que se encuentran con pedido de captura internacional. "No desconozco las dificultades a las que se enfrenta para detener estas personas, pero lo cierto es que han pasado cinco años y medio de las circulares rojas y no hay ninguna detención", recriminó el funcionario judicial.