El 3 de octubre de 1708, fechado en la ciudad de Salta donde residía, el gobernador de Tucumán, don Alejandro de Urizar y Arespacochaga, emitió un extenso auto, dirigido a los Cabildos de su jurisdicción. El de San Miguel de Tucumán, ni bien recibió el documento, lo hizo publicar en la plaza "a son de caja y pregonero", el día 21.
El gobernador llamaba la atención sobre diversas "desordenes" acaecidos en sus ámbitos. Algunos infringían el estricto sistema de monopolio establecido por la corona. Percibía, por ejemplo, "muchos excesos en el comercio de géneros prohibidos", ya que se introducían al Tucumán mercancías llegadas en "las naves francesas, por los puertos del Sud o por cualesquiera partes".
En consecuencia, mandaba que aquellas introducciones ilegales "se declaren por perdidas, con más las penas en tales casos impuestas a los mercaderes dueños de recuas, carretas, arrieros, carreteros y conductores".
Ordenaba que, en adelante, los comerciantes que vengan del Perú no usarán "más camino que el que viene derecho a la ciudad de Jujuy, en cuya Real Aduana se presentarán". Y los que vinieran del Río de la Plata y Paraguay, no usarán más que "el camino real de carretas y el que llaman de la puerta de Choromoros, que viene derecho a la ciudad de Salta".
Allí, mandaba, "se presentarán ante mí, y en mi ausencia ante mi lugarteniente, antes de tomar casa, tienda ni aposento". Esto, bajo "pena de perdimiento de los bienes que trajesen y de las mulas y recuas que los condujeran".