En octubre del año pasado, cuando estalló el escándalo en la Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental (Dipsa), los inspectores sospechados de haber participado en una supuesta maniobra para cobrar tributos fueron suspendidos por 60 días en sus cargos y la Fiscalía Municipal les inició un sumario administrativo. Pero, ahora, los empleados Gabriel Gerez y José López (un lavadero industrial de Maipú al 2.200 estaría a su nombre, según el fiscal penal Washington Navarro Dávila) siguen cumpliendo funciones en la Dirección de Higiene Urbana.

Desde la Municipalidad capitalina evitaron ayer opinar sobre la polémica, ante una consulta realizada por LA GACETA. De manera extraoficial, desde el Departamento Ejecutivo explicaron que los inspectores denunciados permanecen aún en la planta municipal porque todavía -según aseguraron- no hay una resolución judicial que indique lo contrario. "Si tomamos la decisión de cesantearlos o exonerarlos, corremos el riesgo de que, después, venga un juez laboral y los reincorpore (a Gerez y López) en sus cargos", precisó la alta fuente municipal, en estricta reserva de identidad. Según comentan por lo bajo, en el edificio de 9 de Julio y Lavalle temen que se repita lo que ocurrió con el gremialista Osvaldo "Cacho" Acosta, quien fue cesanteado en el cargo por el intendente Domingo Amaya y luego fue ratificado como titular del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) por la Justicia. Con este fallo, la separación del cargo del sindicalista devino abstracta.

Los funcionarios municipales prefieren no opinar sobre la situación de los inspectores sospechados y, menos aún, sobre la investigación que lleva a cabo el titular de la Fiscalía V. La última vez que un colaborador del intendente se refirió al tema fue citado a declarar por el funcionario judicial. La relación entre Navarro Dávila y Amaya se tornó tensa luego de que el secretario de Gobierno, Marcos Díaz, negara la existencia de una "Municipalidad paralela". El fiscal interpretó los dichos de Díaz como un menosprecio a la investigación que conduce desde octubre.

Quienes sí defenderán la gestión del jefe municipal serán los propios concejales y lo harán durante la sesión de mañana. El encargado de encabezar el "alegato" amayista será su principal escudero en el recinto: el edil Germán Alfaro. El ex diputado nacional tiene previsto realizar un racconto de todo lo sucedido desde que estalló el escándalo que involucró a los dos inspectores y a un gerente de la empresa Basualdo SA. Según trascendió, el amayista volverá a cargar las tintas en contra de Navarro Dávila. Hace dos semanas, ya había cuestionado la línea investigativa del fiscal al afirmar que su pesquisa estaba politizada. "Hace rato que se politizó este tema. Yo creo que este es el inconveniente y el problema más grande que tiene el fiscal. Estamos perdiendo la oportunidad de investigar como corresponde sin politizar la situación. El fiscal tiene que tener el cuero duro y no salir a decir que van a rayar su investidura o que su línea investigativa no puede ser cuestionada. El fiscal no habla, el fiscal ejecuta, toma resoluciones", le había aconsejado Alfaro.

La situación del lavandero

Hoy por la mañana, los abogados del lavandero Víctor Saad, Pablo Caram y Marcelo Seidán, presentarán un escrito ante la Fiscalía V. Según trascendió, el comerciante que aparece en un expediente municipal como la persona que cobró cheques de la empresa Basualdo SA, estaría dispuesto a "contar todo" lo que sabe de la supuesta maniobra.

El lunes, los letrados mantuvieron un encuentro de una hora y media Navarro Dávila. En la oficina del fiscal, los abogados le propusieron al funcionario judicial elevarle un escrito, mediante el cual Saad relataría todo lo sucedido. El objetivo de Caram y Seidán -según admitieron extraoficialmente- es lograr que el lavandero no quede aprehendido cuando deba prestar declaración testimonial.

En 2011, cuando Roberto Basualdo le abonó al municipio el millón de pesos que le adeudaba en tributos solicitó el libre deuda. Desde la Dirección de Ingresos Municipales (DIM) le informaron que aún quedaba un saldo de $ 300.000. Para justificar el pago, el empresario y actual senador por San Juan entregó copias de cheques -no a la orden- del Banco Francés a nombre de la Municipalidad. Pero esos valores no ingresaron a las arcas municipales. Según consta en la documentación oficial de la Municipalidad, esos cheques fueron percibidos por Saad en el banco HSBC.


Para entender el caso 

La polémica estalló en octubre de 2012, cuando la Justicia comenzó a investigar la aparición de sellos y boletas de tributos apócrifos.

El fiscal Washington Navarro Dávila sospecha que dos inspectores de la Dipsa integran un eslabón en la "Municipalidad paralela".

LA GACETA accedió a un expediente municipal. Allí figura que el lavandero Víctor Saad cobró cheques de la empresa mayorista Basualdo SA.