Marzo de 1991 fue la caja de resonancia de una intensa polémica entre el ministro político de la intervención federal Ronal Bradis Troncoso, los jueces y el Colegio de Colegio de Abogados de la capital. En el tapete estaban en discusión los mecanismos de remoción y nombramiento de magistrados de los tribunales de San Miguel de Tucumán y del sur.
El amplísimo margen de maniobra del interventor federal Julio César Aráoz en esa materia, generaba inquietudes hasta en el mundo académico. Se lo veía como el dueño y señor de los estrados judiciales y de las libertades de los ciudadanos. Al mismo tiempo, los recelos políticos poblaron el ambiente. Las versiones hablaban de la elección de normalización provincial en septiembre u octubre de 1991. La oposición desconfiaba del interventor.
La legitimidad
La herencia recibida le sirvió a la intervención para legitimar sus acciones en el Poder Judicial. José María Pérez Villalobo, titular de la Corte Suprema, fue impiadoso con los desplazados por la política intervencionista de Carlos Menem. No esperábamos el inventario que hallamos, se despachó en declaraciones del 4 de marzo. No creímos que íbamos a encontraruna realidad de desidia y abandono, tanto en lo edilicio, y de acordadas, explicó, con precisión quirúrgica. Prometió crear un marco de estabilidad y seriedad, con un cambio de cara, en lo inmediato.
El modo discrecional como se conducían Aráoz y Troncoso impactó en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT.
La intervención federal debe instituir sin demora un servicio de justiciaindependiente, plantearon Benito Garzón, titular de la cátedra de Derecho Constitucional, y su adscripto Dante Mirra en un trabajo sobre "Límites de las facultades del interventor federal". Los catedráticos insistían en que Aráoz debía ajustar su tarea a la Constitución de 1853.
Nadie puede negarle al interventor la facultad de cambiar jueces; todos están en comisión, replicó Pérez Villalobo, desde la Corte.
Asesoramiento
El Círculo de Magistrados, entidad que agrupa a los jueces, le acercó una propuesta de creación de un consejo asesor de la Corte. Este debía tomar parte en los procesos de destitución de los jueces del máximo tribunal y de los tribunales inferiores.
Se quería aportar una cuota de imparcialidad en el momento de la toma de las decisiones. La institución presidida por Roberto Tejerizo intentaba influir en la dinámica de la intervención. La Corte permaneció en silencio.
La guerra de opiniones no se desactivó. Por el contrario, el Colegio de Abogados de la capital arremetió contra la Casa de Gobierno.
La Justicia debe ser independiente y no subordinarse al poder político de turno, aseveró Ernesto Gastaminza, presidente del colegio profesional. Razonaba que sólo así se afianzaría la confianza de los ciudadanos en los magistrados y sus resoluciones.
En una solicitada publicada el 9 de marzo, los abogados afirmaron que el estado de derecho no existía en Tucumán por la dependencia del Poder Judicial respecto del Ejecutivo.
El asombro
Troncoso no ocultó su sorpresa por las posiciones del Colegio de Abogados, que cuestionaban la acción de la intervención. Se quejó porque no le aportaban las innumerables denuncias de irregularidades en juzgados, que los letrados decían haber recibido.
En un editorial del 13 de marzo, titulado Poder Judicial Independiente, LA GACETA reflexionó acerca de la cuestión. Entre otros conceptos, concluía que el Poder Judicial, de órgano de control del Ejecutivo y del Legislativo -ambos en manos de la intervención- no podía ser un órgano controlado.