BUENOS AIRES.- El golpe del 24 de marzo de 1976, encabezado por el entonces comandante en Jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla, provocó el paso de una sociedad industrial hacia otra basada en la valorización financiera del capital. El 2 de abril de 1976, el ministro de Economía, Alfredo Martínez de Hoz, anunció las bases fundamentales del plan económico de la Junta Militar, denominado “Programa de recuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina”. 

El esquema consistía en una política de apertura al exterior, la liberalización de los mercados -en especial, el financiero- y se inició un ciclo de ajuste fiscal, en base a congelamiento salarial, supresión del sistema de control de precios e incremento del tipo de cambio. Como efecto inmediato de estas medidas, el salario real perdió un tercio de su poder adquisitivo, con lo que se inició un ciclo de retracción de la demanda interna.

A poco de iniciarse la liberalización asimétrica del mercado de bienes se instrumentó la reforma financiera. La desregulación de los flujos internacionales de capital, la liberalización de la tasa de interés combinada con la garantía estatal de los depósitos, el traspaso de la asignación del crédito a las entidades financieras y la obligatoriedad para el sector público de financiarse en los mercados privados, fueron las medidas centrales. Esta reforma ejerció una influencia decisiva en el desenvolvimiento de la economía. Trasladó el centro de gravedad de la generación de riqueza del ámbito de la producción a las actividades de especulación financiera, la cual habilitó un sendero de endeudamiento externo, fuga de capitales y transferencia regresiva de ingresos, inédito en la historia económica argentina. Con tres mecanismos claves: estatización de la deuda externa, compra de bienes y servicios del Estado y promociones de radicación industrial falaces. 

En un primer momento, el gobierno militar tomó una serie de medidas que contaron con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y los bancos privados extranjeros, para intentar controlar la inflación. 

Según el gobierno militar, las causas de la inflación eran:

• El elevado gasto de las empresas públicas del Estado.

• La protección aduanera que hacía que no pudieran ingresar mercaderías extranjeras.

• El aumento de salarios por presión de los sindicatos, que hacían que se elevaran los costos de los bienes. 

Entonces se tomaron las siguientes medidas:

• Se pidió financiamiento externo.

• Se devaluó la moneda.

• Se congelaron los salarios mientras se reprimía a los sindicatos para evitar las protestas. Pero el congelamiento de salarios que benefició a los empresarios, generó una gran baja en el consumo interno ya que la gente no tenía dinero para gastar.

• Entonces se aumentaron los salarios y se produjo un gran brote inflacionario.

• Se congelaron los precios por el brote inflacionario.

Para intentar evitar un contraste tan grande de medidas, el gobierno de Videla estableció una pauta cambiaría conocida popularmente como la “tablita”, que determinaba cómo iba a ser la devaluación mensual del peso, y que era decreciente, hasta que llegara a cero.

• Pensaban que esta medida iba a controlar la inflación, pero este objetivo no se alcanzó.

• En cambio, lo que se fomentó fue una fuerte especulación con una gran cantidad de dinero colocada en los bancos, con altas tasas de interés. 

• Esto perjudicó la actividad productiva, ya que era más rentable los intereses que se obtenían en los bancos que la ganancia que podía dar la actividad productiva. 

• Esto trajo como consecuencia gran desempleo y cierre de numerosas plantas. 

Durante la gestión de Videla, el salario real, sobre una base 100, cayó bruscamente a 79, el nivel más bajo desde los años 30 (OIT 1988). Adicionalmente la pobreza, que desde los años 40 se ubicaba siempre debajo del 10%, y que era del 5,8% en 1974, subió al 12,8% en 1980 y al 37,4% de pobreza en 1982 (Indec, datos correspondientes al Gran Buenos Aires). La deuda externa, que fue producto de la estatización de deuda externa privada, se elevó de U$S 7.875 millones al finalizar 1975, a U$S 45.087 millones al finalizar 1983. El proceso de endeudamiento constituyó esencialmente una operación delictiva ejecutada por empresas nacionales y extranjeras, militares y agentes económicos, según se comprobó en el fallo de 196 fojas dictado el 13 de julio de 2000 en el caso “Alejandro Olmos c/ Martínez de Hoz y otros s/ Defraudación”. LA GACETA