Víctor Saad aparece en un expediente municipal como una de las personas que cobró los cheques que en 2011 había emitido el empresario y senador sanjuanino, Roberto Basualdo, para cancelar una deuda tributaria con la Dirección de Ingresos Municipales (DIM). Ayer, el comerciante decidió romper el silencio y habló con LA GACETA sobre lo sucedido. Sin dar nombre y apellido, Saad dijo que le prestó una cuenta que tenía abierta en el banco HSBC a uno de los dos inspectores de la Dipsa, que son investigados por el fiscal penal de la V Nominación, Washington Navarro Dávila.

De acuerdo a la investigación que lleva a cabo el funcionario judicial, los dos empleados municipales -ya fueron separados de sus cargos- que aparecen en el expediente Nº 27839/12 son Gabriel Gerez y José López.

Acompañado por los abogados Marcelo Seidán y Pablo Caram, Saad decidió ventilar lo sucedido para "limpiar" su buen nombre y honor, según afirmó. "Vengo a decirles que soy una persona honorable y que no tengo problemas con nadie. Le hice una gauchada a un empleado de la Dipsa y me terminó perjudicando", sostuvo Saad ante la atenta mirada de sus abogados. Seguidamente, el comerciante comenzó a relatar de qué manera nació su vínculo con uno de los empleados municipales que están siendo investigados. "Tenía una lavandería y me fundí. Pero me quedó la cuenta corriente abierta en el HSBC. Seguí lavando ropa en mi casa con los tres o cuatro clientes que me quedaron. Entonces, al ver que empezaba a crecer de nuevo con el negocio, esta persona (el inspector de la Dipsa que tendría el lavadero) me dijo: 'che, venite a lavar acá en mi negocio'. Y me pongo a lavar con ellos porque estaba cansado de lavar en mi casa. Yo lavaba la ropa de mis clientes, y cuando cobraba les daba un porcentaje a los dueños, porque usaba su lavadero", comentó.

- ¿Y cómo llega su nombre al expediente municipal?

- Bueno, dejame que te explique. En un momento ellos (los dueños del lavadero) me dicen: 'che, necesitamos depositar un chequecito'. Yo les digo que no había problemas y le pregunto si el cheque era bueno. Es así como fue todo. Le hice un favor a un chango que me hacía una atención de dejarme lavar la ropa en su negocio y que me pidió que depositara el cheque.

- ¿Cuántos fueron los cheques que usted cobró?

- Eso lo voy a decir en la Justicia. Estoy esperando que el fiscal me cite a declarar.

- ¿Fue más de uno?

- Sí. Lo que te puedo decir es que cuando cobré el primer cheque les dije: 'eh, voy a tener problemas con la DGI porque yo facturo poquitito con el negocio del lavado de ropa'.

- ¿Qué pasó cuando vio su nombre en el diario?

- He tenido problemas familiares, de vecinos y de amigos. También he tenido problemas laborales.

- ¿Lo amenazaron?

- Recibí llamadas por teléfono, pero nunca atendí.

- ¿ Y qué pasó con el dinero que cobró?

- Eso se lo voy a decir únicamente al fiscal. Hoy mismo (por ayer) me puse a su entera disposición para contarle todo lo que sé.

En otro momento de la entrevista, Assad aseguró estar económicamente quebrado. "Mi situación económica es mala, no tengo bienes y no tengo auto ni nada. Soy un perejil en esta historia. Por hacer un favor a alguien terminé perjudicado", expresó.

El inicio del escándalo

En 2011, cuando Basualdo SA le abonó al municipio el millón de pesos que le adeudaba en tributos, solicitó el libre deuda. Desde la DIM le informaron que aún queda un saldo de $ 300.000. Para justificar el pago, el empresario entregó copias de cheques -no a la orden- del Banco Francés a nombre de la Municipalidad. Pero esos valores no ingresaron a las arcas municipales, según consta en la documentación oficial de la Municipalidad, a la que pudo acceder este diario. Esos cheques fueron supuestamente cobrados por un tercero (en este caso Saad) en el banco HSBC, previa cesión de haberes por parte del contador general de la Municipalidad, Francisco Correa, del subdirector de Compras, Tristán Filgueira, y con la anuencia de la escribana Ana María Medrano Ortiz.

De acuerdo a las posteriores actuaciones que realizó la Municipalidad, Correa, Filgueira y Medrano Ortiz aseguraron que sus respectivas firmas fueron adulteradas. En el caso de Medrano Ortiz, la escribana realizó un descargo mediante el que afirma que las firmas no son auténticas ni corresponden a registros obrantes en sus libros de actuaciones notariales. En la Fiscalía V no descartan citar a declarar a la escribana y a los dos funcionarios.