MADRID/LA HABANA.- No sólo el océano Atlántico separan a España de Cuba: sus Gobiernos están en las antípodas ideológico políticas, con relaciones diplomáticas en precario equilibrio. Sin embargo, hay un hecho que los hermana en preocupaciones: la fuerte incidencia de la corrupción, que afecta estructuralmente el funcionamiento de la sociedad y toda gestión pública.

"Vamos a enfrentarnos a sangre y fuego contra la corrupción. No podemos bajar la guardia", afirmó el presidente cubano, Raúl Castro, en la reunión de ministros del viernes, en declaraciones que se conocieron ayer. El mandatario destacó que el derroche, el desorden administrativo y la corrupción son los mayores obstáculos para el desarrollo de la economía de la isla.

Entre las ilegalidades registradas figuran el robo de combustible en refinerías, centros de transporte y servicentros e incluso en importantes programas de inversión extranjera en el país. La Contralora General de la República de Cuba, Gladys Bejerano, señaló las anomalías suceden "porque hay personas que perdieron los valores". "Pero también nosotros dejamos espacios libres de control donde se fomentan esas cosas", agregó.

Del otro lado del océano, las denuncias de corrupción son olas que sacuden la balsa de la política española, a punto de hacerla naufragar. El oficialista Partido Popular, que conduce el Gobierno central y la mayoría de las regiones, sufre el descrédito mayor, con el 80% de desconfianza social, según una encuesta de la firma Metroscopia, publicada ayer por el diario El País. El 77% de los encuestados desaprobó la gestión del presidente del Gobierno, el derechista Mariano Rajoy, mientras que el 87% rechazó al líder del opositor Partido Socialista Obrero Español, Alfredo Pérez Rubalcaba (ver "Caen...").

Pero no sólo los políticos españoles la llevan mal. En una encuesta difundida ayer en el diario El Mundo, al abrumador 81% de los sondeados le pareció mal que la infanta Cristina de Borbón, hija del rey Juan Carlos, haya sido separada de la imputación en la causa de corrupción en la que está implicado su marido, Iñaki Urdangarin, por el desvío de más de U$S 8 millones del erario de dos Gobiernos regionales a través de una fundación sin fines de lucro.

Más aún: el 89% de los españoles consultados consideró que la Justicia no es igual para todos en ese caso; y el 79% cree que la Casa Real no está gestionando bien el caso Urdangarin. Inicialmente, el juez, José Castro, consideró que existían suficientes indicios respecto de que la hija del Rey había sido cómplice de los delitos cometidos por su esposo, pero un mes después, un tribunal superior anuló la imputación, aunque dejó abierta la investigación por presunto delito fiscal y blanqueo de dinero. (Especial-DPA-Télam)