El intendente de la capital, Domingo Amaya, sugirió que en las denuncias por presuntas irregularidades en la Dirección de Producción y Saneamiento (Dipsa) habría una movida política en su contra para desgastarlo, luego de que se conoció que integraría la lista oficial de candidatos a diputados nacionales, junto con el gobernador, José Alperovich.
Desde hace dos semanas, el municipio de la capital es noticia por la investigación que lleva a cabo el fiscal de la V Nominación, Washington Navarro Dávila, quien intenta establecer la existencia de una "Municipalidad paralela", destinada al cobro de tributos que no ingresan al Estado.
Y ahora se sumó la denuncia de un contribuyente y ex concejal bussista de Banda del Río Salí (Manuel Almeida), quien aseguró a LA GACETA que el director de esa misma repartición, Miguel Ángel Molins le pidió $ 20.000 para obtener la habilitación definitiva de su negocio.
En la mañana de ayer, el jefe municipal acompañó al mandatario provincial en su recorrida. El concejal Germán Alfaro -quien hace tres meses atrás estaba enfrentado con el titular del PE- también participó de la comitiva gubernamental. Luego de recorrer una obra de repavimentación en Jujuy al 2.500, Amaya dialogó con los periodistas y respaldó a Molins en su cargo al expresar que "no se debe prejuzgar (a alguien) por una publicación periodística". El jefe municipal sugirió que habría un interés político -con tinte electoral- para perjudicarlo, detrás de la denuncia que el ex edil bussista hizo pública por este diario.
"Las notas periodísticas que hoy se ven en los medios dan ese indicio (la politización de las denuncias). El municipio de San Miguel de Tucumán es el primer interesado en que se hagan las denuncias correspondientes en los lugares correspondientes, o sea, en la Justicia, para que podamos llevar a cabo las investigaciones. Es un año político y van a suceder muchas cosas. Nosotros vamos a seguir trabajando. Esto no nos detiene, muchachos. Las cosas se tienen que aclarar en los ámbitos que correspondan", replicó Amaya ante la prensa.
¿Es difícil erradicar las irregularidades?, se le consultó. "Creo que es importante el apoyo de la población. Nosotros le damos todas las garantías. El municipio está trabajando para que las cosas se lleven a cabo como deben ser. Entre todos tenemos que solucionar este tema, así que no duden de eso", agregó, al tiempo que respaldó al funcionario denunciado por un contribuyente. "Él es un funcionario municipal (Molins) y se tienen que llevar a cabo todas las investigaciones. Por el momento, no podemos prejuzgar por una denuncia periodística", sostuvo el intendente.
Alfaro, principal escudero de Amaya en el Concejo Deliberante, también se refirió al escándalo en la Dipsa, hecho que ya empezó a incomodar a los funcionarios municipales. "Si hubo una denuncia, lo mejor que puede hacer (el contribuyente) es aportar las pruebas correspondientes. Este tema se tiene que manejar en el terreno de la Justicia. También creo que no tiene que quedar como una denuncia más al aire. Se deben aportar los elementos correspondientes para que se pueda accionar como corresponda", opinó el ex diputado nacional.
Alfaro también criticó la investigación que lleva a cabo el fiscal Navarro Dávila, al asegurar que se politizó. "Hace rato que se politizó este tema. Yo creo que este es el inconveniente y el problema más grande que tiene el fiscal Washington Navarro Dávila. Estamos perdiendo la oportunidad de investigar como corresponde sin politizar la situación. El fiscal tiene que tener el cuero duro y no salir a decir que van a rayar su investidura o que su línea investigativa no puede ser cuestionada. El fiscal no habla, el fiscal ejecuta, toma resoluciones", aconsejó.
Respecto de la denuncia que involucra a dos inspectores de la Dipsa por el supuesto cobro de tributos que no ingresaron a las arcas municipales, Alfaro aclaró que fue el propio Departamento Ejecutivo el que dio a conocer las presuntas irregularidades. "Nosotros iniciamos la denuncia en la Justicia. Acá hay un problema entre la empresa Basualdo y estos empleados municipales infieles. Porque la Municipalidad no perdió plata. Basualdo tuvo que pagar dos veces porque tenía los recibos malos. El dinero ingresó y está dentro de las arcas municipales", se explayó.
Navarro Dávila cree que funcionarios encubren irregularidades
Hace unos días, cuando el fiscal de la V Nominación, Washington Navarro Dávila, sugirió que funcionarios del Departamento Ejecutivo municipal estarían encubriendo maniobras presuntamente delictivas, aseveró que no sólo inspectores de la Dipsa están en la mira. "Estas personas no van a ser las únicas investigadas. La Municipalidad va a tener que dar explicaciones sobre cheques que eran depositados en cuentas de la Municipalidad, y que terminaban siendo cobrados en cuentas particulares, cuando únicamente tendrían que haber sido cobrados por la Tesorería", advirtió el representante del Ministerio Público Fiscal.
El escándalo estalló en octubre, cuando una empresa del rubro mayorista le vendió sus acciones a otra. Para poder realizar la operación, los inversores pidieron al municipio un certificado de libre deuda impositiva. Allí quedó en evidencia que la compañía adeudaba $ 1 millón del Tributo de Emergencia Municipal (TEM).
El martes pasado, la investigación que lleva a cabo el funcionario judicial se aceleró cuando decidió citar a declarar al secretario de Gobierno, Marcos Díaz, y al director de la Dipsa, Miguel Ángel Molins. Como ambos funcionarios concurrieron a los Tribunales penales sin documentación, Navarro Dávila ordenó que se les tomaran muestras dactilares para identificarlos. Según explicó a LA GACETA, le molestó el hecho de que Díaz haya menospreciado -según sus dichos- la pesquisa que lleva a cabo.
Dos días después, el jueves por la noche, Navarro Dávila denunció por amenazas al fiscal municipal capitalino, Hernán Colombres, porque -según afirmó- se sintió intimidado por una carta documento que el funcionario amayista le envió durante la mañana de ese día. Según el texto, Colombres pretendía saber si estaba incluido entre los posibles sospechosos de encubrir la existencia de una presunta "Municipalidad paralela". "Me sentí intimidado. Me mandaron un mensaje, una amenaza coactiva solapada al enviarlo a mi domicilio", había afirmado el fiscal.