El ex concejal bussista de Banda del Río Salí, Manuel Enrique Almeida es ahora propietario, junto a su hijo, de un local bailable de avenida Avellaneda 556, en la capital. Con una capeta bajo el brazo, se presentó el viernes en las oficinas de LA GACETA, y se quejó en contra de una repartición municipal. "Quiero realizar una denuncia. Me pidieron dinero para habilitar mi negocio cuando he cumplimentado con todos los tramites legales", afirmó el empresario. 

En la sala de entrevistas, Almeida comenzó a exhibir papeles. "Me decidí a denunciar este hecho porque me cansé. Desde octubre que peregrino por la Dipsa -siglas de Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental- para que me habiliten el negocio. Sólo he cometido un error: me negué a pagarle al director (Miguel Ángel Molins) los $ 20.000 que me pidió como condición para habilitar mi negocio de manera definitiva", lanzó Almeida. Y adelantó que denunciará al titular de la Dipsa en la Justicia por lucro cesante. 

El reclamo del contribuyente llega en medio de la disputa que el fiscal de Instrucción de la V Nominación, Washington Navarro Dávila, mantiene con funcionarios de la Municipalidad, en el marco de una investigación que involucraría a dos inspectores de la repartición, sospechados de gestionar -presuntamente- el cobro de tributos que nunca ingresaron a las arcas de la Capital.

Con expedientes de varias reparticiones municipales en la mano, Almeida comentó que inició los trámites de su negocio en septiembre del año pasado. Y agregó que, pese a contar con el visto bueno de varias dependencias, todavía no pudo obtener el permiso definitivo por parte de la Dipsa. Según el ex edil, desde hace más de seis meses sólo recibe multas y trabas administrativas por parte de la repartición que conduce Molins, quien anteriormente se desempeño como director de Tránsito municipal.

"En estos momentos no podemos trabajar porque no tenemos la habilitación. Después de que acondicionamos el negocio se seguía diciendo que había ruidos molestos. Para evitar eso, nosotros hicimos construir una doble pared y compramos cajas acústicas. Y gracias al asesoramiento del personal de Dipsa pudimos cumplimentar con todos los requisitos. Dejamos el local en condiciones, en función del asesoramiento del mismo personal. El único problema que teníamos era con Molins, porque cuando ya teníamos todo para la autorización nos seguía demorando la habilitación. ¡Nos demoró cuatro meses!", se quejó el ex concejal.

Según Almeida, en diciembre fue a pedirle a Molins que habilitara su negocio porque -según expresó- ya estaba en regla. "Decidimos abrir el pub en octubre porque ya teníamos el permiso de Bomberos, de Defensa Civil y de Catastro. Por cansancio, y después de haber hecho todos los trámites legales, Molins me otorga, el 22 de enero de este año, una habilitación provisoria. En diciembre yo le pedí que le dé a mi hijo la oportunidad de trabajar, y él me contestó que la oportunidad costaba $ 20.000. Le dije, entonces, que nos diera la oportunidad de trabajar, porque en ese momento no teníamos dinero para pagar lo que él pretendía. Para zafar del momento le expliqué que si esa era la exigencia que, nos dejara abrir y que después le pagaríamos", narró el contribuyente.

Mientras relataba los hechos, Almeida comentaba los pasos administrativos que debió sortear desde octubre hasta hoy. "Defensa Civil me dio la habilitación definitiva el 10 de enero. Catastro nos había autorizado, el 20 de setiembre de 2012, como local permitido para bar con espectáculos. Y Bomberos nos otorgó el certificado de aptitud para 2012 y 2013. Habíamos cumplido con todas las exigencias de todas las reparticiones. Hace días, cuando supuestamente caía el permiso provisorio, volvimos a pedirle la habilitación definitiva al director de la Dipsa. Hasta la fecha no nos dieron una respuesta ni nada por escrito", explicó.

¿Piensa reclamar el hecho ante la Justicia?, se le consultó. "Voy a denunciarlo a Molins por daños y perjuicios. Porque no me puede tener así cuando ya he cumplido con todos los requisitos y las exigencias legales. He tenido que pagar muchas multas por culpa de una señora que vive a la par de mi negocio, y denunció varias veces que había ruidos molestos. A ella también la voy a denunciar por daños y perjuicios. He pagado multas de $ 4.000 y $ 5.000", se lamentó.

"Me clausuraron de forma arbitraria porque esa señora (la vecina) denunciaba y rápidamente venían. Me han cansado. Todo es una mentira. Yo tengo en mi poder una acta firmada por un inspector y por esta mujer en la que ella asegura que no se sienten ruidos. Entonces, ¿en que quedamos?", concluyó.

"El señor Almeida lo tendrá que demostrar", advirtió Molins

Sorprendido por la consulta de este diario, el director de la Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental (Dipsa), Miguel Ángel Molins, negó que le haya pedido dinero a Manuel Almeida, como condición para habilitar su negocio. Sostuvo que el ex concejal bussista de Banda del Río Salí deberá probar sus acusaciones en la Justicia. 

"El que denuncia es un ex candidato a concejal. ¿Usted cree que yo le voy a pedir dinero? Está mintiendo. Él tiene como 20 denuncias de su negocio por ruidos molestos. Yo lo he habilitado provisoriamente (al local comercial) para ver cómo evoluciona su situación. La semana pasada, por ejemplo, dos vecinos presentaron una denuncia por ruidos molestos. Se lo ha clausurado varias veces. Yo he acudido en persona a clausurarle el negocio", replicó el ex director de Tránsito de la Municipalidad capitalina. 

"Están aprovechando la situación por la investigación que hay en la Dipsa (en referencia a la denuncia que involucra a dos inspectores de la repartición). Si dice eso, ahora lo tendrá que demostrar en la Justicia. Si usted quiere le paso el teléfono de la vecina que lo ha denunciado (a Almeida) en reiteradas oportunidades. Habilité su negocio de manera provisoria para que, en caso de que persistieran los ruidos molestos, se lo clausurara definitivamente. Porque, después, el problema es mío", explicó el titular de la Dipsa. 

"Sé que ha intervenido la Defensoría del Pueblo en una denuncia que esta persona realizó. No tengo problemas en mostrarles todas las actuaciones que efectuamos. Es la palabra de él contra la mía. Lo feo de todo esto es que, ahora, con la investigación que están llevando a cabo, va a quedar como que todo es cierto", se defendió Molins.

El martes pasado, Molins había sido citado a declarar por el fiscal, Washington Navarro Dávila, en el marco de la causa que este investiga por la existencia de una supuesta "municipalidad paralela". Como Molins concurrió a la sede judicial sin su DNI, Navarro Dávila le ordenó que le pintaran los dedos y que le tomaran muestras dactilares para identificarlo.