Las sospechas judiciales, y denuncias mediáticas, de que el empresario de la construcción Lázaro Báez, amigo personal del ex presidente Néstor Kirchner, habría realizado transferencias ilegales de fondos fuera del país, no sólo desataron un vendaval político, sino que también derivaron en conflictos de poderes, ya que enfrentaron a miembros del Ejecutivo y de la Justicia.
En ese marco, durante la semana, la atención se centró en la disputa entre la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y el fiscal federal Guillermo Marijuán. Comenzó cuando Marijuán volvió de su licencia y amplió la acusación sobre lavado de dinero a Báez y a su hijo Martín; al contador Daniel Pérez Gadín y a Fabián Rossi. Así, el caso cobró otra dimensión porque, días antes, la Fiscalía sólo había apuntado a movimientos de fondos de dos supuestos "lavadores de dinero": Leonardo Fariña y Federico Elaskar, sin aludir a Báez. Con la decisión del fiscal, el objeto de la causa se extendió a posibles operaciones hechas por Báez a través de aquellos.
El dictamen de Marijuán incluyó un durísimo informe contra los fiscales que actuaron en su ausencia; sobre todo, contra Carlos Gonella, un fiscal subrogante nombrado por Gils Carbó. Marijuán expresó su "sorpresa y desagrado" por su actuación en la causa ya que "obviaron" pedir que se investigara buena parte de lo denunciado "vaya a saber con qué propósito", dijo el fiscal en su escrito.
Marijuán criticaba la "presunta protección al empresario", ya que Báez no fue imputado en un primer momento. Este paso judicial fue decidido por Gils Carbó, por lo que Gonella -titular de la Procuración contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac), un organismo creado por la Procuradora- debió obedecer. El dato curioso es que en la carátula del expediente aparecía mencionado Báez, pero en la documentación su nombre no figuraba en ningún papel.
La acusación de Marijuán dejó al descubierto la disputa entre algunos fiscales federales y su jefa, una de las ideólogas de la agrupación filokirchnerista "Justicia Legítima".
Acto seguido, el fiscal federal pidió investigar a su jefa por "la presunta comisión de un delito de acción pública", al imputarla por la presunta "designación irregular de fiscales subrogantes o ad hoc", que no fueron nombrados por concurso ni obtuvieron el acuerdo del Senado. Marijuán se limitó a reproducir los puntos centrales de la denuncia del senador radical Mario Cimadevilla, promotor de esta causa.
Sin embargo, el juez Sebastián Casanello cerró el pedido de investigación que Marijuán impulsó, considerando que la designación de esos fiscales está avalada por la ley de Ministerio Público Fiscal y que había sido utilizada por su antecesor, Esteban Righi.
Gils Carbó reaccionó. Acusó a Marijuán -sin nombrarlo- de actuar con un "doble estándar" en los casos en que investiga a Báez por lavado de dinero y a otras empresas, entre otras pertenecientes al "Grupo Clarín", por maniobras de títulos sobrevaluados a las AFJP. A Gils Carbó le llamó la atención "el ímpetu investigativo" de Marijuán en la causa de Báez, "mientras que en la otra ese ímpetu está ausente".
Marijuán no se quedó quieto después de la velada crítica. Apeló la decisión de Casanello beneficiando a Gils Carbó. La historia está abierta. (Especial)
GILS CARBÓ
PROCURADORA GENERAL
Es egresada de la UBA. Está por cumplir 55 años, tiene tres hijos y está divorciada. Fue Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.
MARIJUÁN
FISCAL FEDERAL
Lo llaman "El enano" por su baja estatura. Tiene 47 años. Está separado y tiene dos hijas, menores de edad. Llegó secretario de la Cámara Federal al ganar un concurso.