Se redactaron proyectos de ley y de declaración; se realizaron marchas, a favor y en contra, para defender las antagónicas posturas; se repartieron panfletos; y hasta se formularon planteos judiciales. Sin embargo, el debate a fondo sobre la reglamentación del aborto no punible en la provincia parece estar fuera de la agenda del Poder Legislativo, al menos por ahora.

Ante esto, durante la sesión del miércoles, los opositores José Manuel Páez (Democracia Cristiana) y Silvia Elías de Pérez (UCR) pidieron que se les dé preferencia para el próximo debate -que no tiene fecha aún- a iniciativas que redactaron, en paralelo, a fin de prohibir la aplicación en la provincia de los protocolos para interrumpir embarazos "basándose en el sólo pedido de la gestante".

En tanto, Andhes repudió "la reacción autoritaria de sectores que pretenden obstaculizar el ejercicio del derecho a abortar de mujeres, adolescentes y niñas". "Un estado democrático no puede tolerar las pretensiones de imponer ideas morales por sobre normas constitucionales; mucho menos a costa de la violación de derechos fundamentales. Tucumán está generando responsabilidad internacional para la Argentina, respecto de sus compromisos internacionales", dijo Josefina Doz Costa, directora ejecutiva de la ONG.

El año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo respecto al caso de una menor de 15 años de Chubut que había quedado embarazada, producto de los abusos sexuales a los que la sometía su padre. El alto tribunal interpretó que, según el Código Penal, la interrupción de la gestación del niño bajo esas circunstancias no era punible. E instó a las provincias a dictar protocolos para la realización de esas operaciones.

En Tucumán, la polémica se reavivó por el aborto no punible practicado a una menor de 11 años este mes en la Maternidad, que había sido víctima de su padre.

Elías, que realizó un planteo judicial para tratar de impedir estas prácticas, en la última sesión pidió discutir una norma provincial al respecto. "Se están llevando a cabo protocolos sin que exista una comunicación administrativa fehaciente. Es importante discutir esto en el recinto", afirmó la opositora.

Páez también solicitó que se debata su proyecto de ley para prohibir esta práctica. Según su interpretación, que consta en la iniciativa, "el Código Penal dispone que sólo no es punible un aborto producido a raíz de la violación a una mujer demente, y que la violación y la situación de la víctima sean acreditadas judicialmente".

Andhes, en tanto, exigió que se respeten las directivas de la CSJN respecto a estos casos. "Tanto las autoridades de la Maternidad como los médicos intervinientes garantizaron el ejercicio de un derecho por parte de una ciudadana argentina, respetando todas las disposiciones constitucionales", señaló Doz Costa. Y pidió a las autoridades provinciales implementar, "mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a la práctica del aborto no punible".