"Denuncian sobreventas en un barrio". Ese fue el titulo de la nota publicada en este diario el 27 de julio de 2010. Fue la primera de docenas que dieron cuenta de un escándalo. Un grupo de 70 familias aseguraba haber tramitado -y logrado- mediante un gremio el ingreso a un plan de viviendas en el barrio "Judicial II" (Los Pocitos). Por supuestas demoras, habían comenzado a sospechar de que algo no estaba bien. Tras varias convocatorias de "boca en boca" y por la red social Facebook, habían reunido 270 comprobantes de pago (de entre $ 2.000 y $ 6.000). Sumaban 43 más que las viviendas disponibles (227).  La controversia estalló con la entidad intermedia entre ellos y el Instituto Provincial de Vivienda (Ipvdu): la Asociación Gremial de Empleados Judiciales (AGEJ).
En los últimos días, tres años después,  hubo repercusiones en la Justicia. Fuentes judiciales confirmaron a LA GACETA que la titular del sindicato, Ada Altuve, fue citada a declarar como imputada, acusada del presunto delito de defraudación. La acusación alcanzó también a quien la secundaba en la organización, César Cardozo. Un solo querellante, Eduardo Sánchez Dumas, y una quincena de denunciantes integrarían la otra parte del pleito que continúa en Tribunales.
La novedad, sin embargo, se da en medio de un proceso de acercamiento entre las partes. Así lo detallaron tanto allegados de los vecinos como también el abogado de AGEJ, Mario Leiva Haro. Los primeros prefirieron no hacer declaraciones para no "entorpecer" la negociación en marcha. En tanto, las casas están listas y podrían ser habitadas en los próximos meses.

Etapa conciliadora
Luego de que el conflicto tomara estado público, el grupo de supuestos damnificados sumó centenas de personas. Aunque sólo 70 habrían llegado a accionar judicialmente. Durante meses, una tormenta de denuncias y de cartas documento cruzadas se desató entre los protagonistas. Las familias protagonizaron asambleas, marchas, cortes de ruta frente al barrio, escraches y llegaron a instalar una carpa de protesta en la plaza Independencia. Esta última medida terminó con un compromiso del Gobierno para interceder. Promesa que, dicen quienes entonces participaron, no se cumplió. De hecho, desde un primer momento, el interventor del Ipvdu, Gustavo Durán, se había desentendido de cualquier posible irregularidad y había deslindado responsabilidades estatales. 
A pocas cuadras de donde está el barrio, se construye uno más grande y allí serían reubicados aquellos que no pudieron acceder a una unidad en el "Judicial II". "No hay querellante en la denuncia. En cuanto a la causa, con toda la gente que denunció se están haciendo tratativas. Perdieron nueve juicios civiles. Desistieron y se hicieron convenios para obtener casas en barrios nuevos. Se dieron cuenta de que no fueron estafados. En la mayoría de los casos, a las personas a las que el gremio les dio las preadjudicaciones, las revendieron luego. Nunca faltaron casas. Muchos pícaros hicieron negocios. El gremio reconoció los casos en los que se presentaron recibos que se emitieron allí", explicó Leiva Haro. Afirmó que 100 viviendas del nuevo emprendimiento están en ejecución y que, en total, sumarían más de 300. Puntualizó que la organización gremial ya envió las carpetas de los inscriptos al Ipvdu. 
Afirmó que, de todas maneras, la causa seguirá porque involucra una denuncia por un delito que no requiere del impulso de un particular. "Técnicamente, el que ellos desistan no implica que el caso se pare. Pero sus acusaciones son el sustento. Ella (por Altuve) se presentaría a declarar. No se esquivará ningún tipo de presentación", concluyó.