El panfleto tiene ocho nombres, incluido el del gobernador José Alperovich. Sobre ellos se vierten toda clase de insultos. El miércoles esos papeles inundaron los pasillos del Poder Judicial. Sus autores tienen miedo. Y por eso recurrieron a una de las estrategias más viejas a la hora del enfrentamiento: ensuciar a otro. Un negocio millonario, sustentado en años de impunidad, está en juego. Y la estructura que lo sostiene se puede venir abajo. Los aludidos en el pasquín no tienen dudas. Detrás de esas líneas están los cerebros de quiénes en realidad deberían estar enfocados en cuidar a los tucumanos. Policías de altísimo rango que están dando manotazos de ahogado.

Pocos entendieron el alcance del panfleto. Aludía, en general, a jueces "puestos" por Alperovich. Pero se centraba, extrañamente, en dos fiscales (Diego López Ávila y Adriana Giannoni) y en dos jueces de Instrucción (Alejandro Tomas y Juan Francisco Pisa). Los primeros son quienes tienen en sus manos las investigaciones más calientes que involucran a policías en actividad y retirados. Los segundos ordenaron allanamientos en las casas de los imputados.

La Justicia siempre investigó (aunque pocas veces probó) vínculos entre policías y delitos tales como el cuatrerismo, la prostitución, el juego ilegal y la droga. Pero con el paso del tiempo, muchos de estos negocios dejaron de ser redituables para los policías: el juego trucho (hoy ya son pocos los que venden quiniela ilegal) y la avanzada contra la prostitución les sacó una fuente inagotable de recursos. Y por eso, con el ejemplo de lo que sucede bastante en Buenos Aires, parecen haber encontrado un nuevo nicho para sus ganancias. Según lo que los fiscales investigan, sacan a presos de las celdas y los mandan a robar. Un negocio que, bien llevado, conllevaba poco riesgo y pingües ganancias.

La maniobra se descubrió por una torpeza y por la tecnología. El delincuente (el que entró a la casa, no el que lo mandó), dejó su huella impresa en un vaso. Bastó la comparación para determinar el nombre del ladrón y luego un cotejo de libros para que la operación se cayera. En el momento en que se perpetró el robo, el acusado debería haber estado detenido. Giannoni y López Ávila manejaban causas distintas, pero, ante la magnitud de la operación, intercambiaron datos para entender mejor a qué se enfrentaban. El botín que manejaron los delincuentes, aparentemente involucrados en decenas de atracos, es millonario. Por eso los fiscales decidieron manejarse con el mayor hermetismo posible. Así nadie se enteró de lo que ellos sabían. Y hasta las autoridades del Ministerio de Seguridad Ciudadana quedaron en off side cuando se enteraron de que habían allanado casas de varios policías, incluso de algunos que habían sido elegidos por ellos como oficiales jefe para estar al mando de dependencias de muchísima importancia, y que habían secuestrado dólares, euros y documentación. Entonces los funcionarios quisieron subirse de golpe a una investigación que los había dejado de a pie desde el principio. Lo que los fiscales están descubriendo alcanza para poner el caso al tope de los actos de corrupción que involucraron a policías en la última década. Luego de que el caso tomó estado público, comenzaron a "llover" los panfletos, tanto en el Palacio de Tribunales como en la sede del fuero penal en avenida Sarmiento. Nadie vio quién los arrojó. Esto es lo que más raro les resulta a los aludidos en el libelo, teniendo en cuenta que ambos edificios cuentan con custodia policial permanente. Y mientras en toda la provincia se marcha para reclamar justicia, en Tribunales tienen ahora un doble trabajo. Investigar a dos tipos de delincuentes: los de siempre, y los que como primer trabajo, se ponen el uniforme de Policía.