BUENOS AIRES.- Mientras la administración Kirchner es cruzada, una vez más, por denuncias vinculadas a casos de corrupción, lavado de dinero y evasión impositiva, las consecuencias de una inflación cada vez más alta golpean a los sectores más desprotegidos de la sociedad. La permanente suba de precios no sólo es minimizada y disfrazada por el propio gobierno, con un congelamiento ficticio, sino que pretende ser ocultada por el sector supermercadista en una alianza con la Secretaría de Comercio bajo la promesa de liberarse de las comisiones que cobran los bancos por el uso de las tarjetas.

Esta operación que representa varios centenares de millones de pesos al año dibuja las miserias de vastos sectores del empresariado que se creyeron inmunes al avance del Estado sobre lo privado y que más tarde lo padecieron.

Ahora que la Casa Rosada avanza sobre las garantías constitucionales, sobre sus derechos, y pretende cristalizar su hegemonía, el empresariado alza la voz.

Es tarde. El empresariado no reaccionó cuando debía porque la jugosa ecuación económico financiera derivada de la monstruosa devaluación de 2002, pesaba más en sus cajas que el respeto al estado de derecho. De allí, el silencio corporativo cuando el Estado arrasó con los ahorros previsionales de los trabajadores. ¿No fue eso una violación al derecho de propiedad privada? ¿No fue eso, una violación a la Constitución? Algo similar le pasa al foro judicial. Acaso, ¿no fue esta misma Corte Suprema de Justicia, la que avaló hace semanas esa medida y ahora alza la voz frente al avance de la Casa Rosada? Nunca tan actual la homilía del presbítero Martín Niemöller en la devastada Kaiserslautern de 1946: "Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, porque yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar". Silencio, silencio y más silencio... ¿Complicidad o ingenuidad?

La Argentina se enfrenta a otro abismo institucional, habitual en sus últimos 80 años de corporativismo. La reforma judicial no es casual. Es causal y anida en una estructura de poder omnívora, apoyada en el uso irracional de cuanto recurso disponible circule y en la devastación de las reservas del Banco Central cuyo directorio, a sabiendas, permite que su estructura patrimonial tambalee. Hay sectores de la economía que no aportan y que sólo se mantienen en pie, merced a la asistencia del Tesoro. Empresas, organismos, provincias, municipios y entes de control sólo sobreviven por la asistencia del Estado.

Las reservas

Los subsidios en 2012 superaron los $ 100.000 millones y el Estado lejos de corregir este drenaje de fondos lo fomenta de manera irresponsable, en especial, en empresas que técnicamente están en quiebra como el caso de Aerolíneas Argentinas y AySA o el sistema de ferrocarriles. Sin embargo, esto no resulta suficiente y el BCRA continúa imprimiendo dinero sin respaldo a una tasa cercana al 40% anual. Esta política ha llevado a que el total de todos los agregados monetarios incluyendo los depósitos del sistema financiero -en moneda local y en divisas-, orille los $ 800.000 millones.

El BCRA cuenta hoy con reservas brutas -sin contar los pasivos en títulos del organismo ni préstamos de Basilea-, del orden de los U$S 40.000 millones, lo cual convierte a la relación dólar/peso en 1:20. En otros términos, en la Argentina hoy, hay un dólar por cada $ 20. Pero el panorama se presenta aun más complicado. De acuerdo con estimaciones realizadas por J.P. Morgan las reservas brutas podrían caer a fines de 2013 a U$S 37.000 millones. Todo esto está enmarcado por el aislamiento financiero internacional y pasivos contingentes que podrían superar los U$S 20.000 millones, entre holdouts, Club de París, juicios locales y ante el CIADI.