El PJ se alzó contra el "juego" que propone Estofán

Con ley o sin ella, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Antonio Estofán, avisó que les dirá "juguemos" a los operadores del plan piloto que impulsó -y suspendió- para reformar la investigación penal preparatoria en Concepción. Las reglas del juego, lanzó el lunes durante una rueda de prensa, pueden ser tranquilamente las acordadas de la Corte.

Los legisladores oficialistas, cuando escucharon que el "partido" podría comenzar sin que la iniciativa pase por el recinto, se sacaron el traje, se pusieron ropa deportiva y exigieron el manejo de la pelota para modificar el Código Procesal Penal de la Provincia (CPPP). En el espejado edificio de calle Muñecas y avenida Sarmiento tomaron la postura de Estofán como "una ninguneada". Por eso, el bloque Tucumán Crece se reunió ayer y decidió, de manera unánime, plantar bandera en el "juego" que propone el magistrado.

Cerca del mediodía, los legisladores Roque Álvarez -titular de la bancada del PJ- y Guillermo Gassenbauer -portavoz del alperovichismo en el cuerpo- visitaron al gobernador, José Alperovich, en su despacho. Según fuentes del parlamento, Álvarez y Gassenbauer le avisaron al mandatario que la Cámara no estaba dispuesta a ceder ante Estofán. Luego, los legisladores regresaron a su edificio para encontrarse con otros 30 oficialistas. Allí, discutieron sobre la tensa relación con el Poder Judicial. Tras la reunión, varios salieron con los "tapones de punta". "Resulta lamentable que se pretenda ejecutar un plan que implica lisa y llanamente la reglamentación de una ley inexistente en la provincia", le comentó Álvarez a LA GACETA.

La Corte dictó las primeras acordadas para el plan piloto el año pasado, y resolvió que el diseño quedara en manos del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). El objetivo, según Estofán, era determinar qué se debe modificar para luego impulsar una reforma en la investigación penal preparatoria.

El presidente de la CSJT aseguró el lunes que no necesita una ley para lanzar su programa; sin embargo, lo suspendió el viernes, y explicó que los operadores del plan en el sur le pidieron que gestionara esa norma. Sobre todo, porque el abogado Nicolás Brito -vinculado a dirigentes peronistas- planteó una cautelar ante la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en la que sostiene que el procedimiento de acordadas para este caso es inconstitucional.

En la Legislatura coinciden con el amparista, y se niegan a tratar el supuesto borrador de una ley que implicaría la cesión de potestades legislativas a la CSJT. Pero no habían alzado demasiado la voz hasta que se enteraron de la decisión de Estofán de "jugar" aun sin una ley. "Si no se aplican los pasos que las normas disponen, será difícil que los funcionarios de este plan piloto, como el fiscal coordinador, puedan asumir", afirmó José "Mellizo" Orellana, titular de la comisión de Peticiones y Acuerdos. Y añadió que el proyecto de Estofán implica cambios a leyes provinciales. "Se está poniendo el caballo detrás del carro, y así no vamos a avanzar", graficó. Y aportó una lectura "política" del conflicto: "si él (por Estofán) quiere pelear con el PE, este no es el escenario indicado. Todo se puede resolver, pero respetando la pirámide jurídica".

Según Álvarez, resulta llamativo que los operadores del plan soliciten una norma para no toparse con trabas en el futuro, mientras que Estofán considera que alcanza con las acordadas. "Nos hemos sentido defraudados por sus declaraciones. Lejos de buscar un encuentro cordial, con sus frases ha dinamitado los puentes que podían llevar a un entendimiento", expresó. Y aclaró que el PJ está dispuesto a acompañar el proyecto, "pero debería salir mediante una ley, y llevaría un tiempo de estudio".

Gerónimo Vargas Aignasse, jefe de la comisión de Seguridad y Justicia, también criticó al titular de la CSJT. "Nadie, por más jerarquía y pecho que tenga, puede llevarse por delante la Constitución y los poderes del Estado. Es necesario mejorar el servicio de justicia; sobre todo el fuero penal. Pero no logro entender por qué se lo quiere hacer por una vía inadecuada", indicó. Luego, recordó que se han sancionado leyes hace años que podrían permitirle a la Justicia dar respuestas más rápidas, y aseguró que esas normas no se aplican. "No hay un camarista penal que no pida a gritos la puesta en funcionamiento de los Juzgados de Ejecución de Sentencias, y no hay un solo expediente penal en el que se haya respetado el plazo máximo de ocho meses que prevé el Código para la elevación a juicio", lanzó.

El opositor Ariel García (UCR) también recogió el guante. "Es muy grave que Estofán ignore las garantías establecidas en el artículo tercero de la Constitución provincial, donde se expresa que el acto realizado en virtud de la delegación (de poderes) es nulo; los jueces no podrán aplicarlo y las responsabilidades de la violación pesan solidariamente sobre quienes han ejercido y consentido la delegación", dijo el radical. Y añadió: "si Estofán pretende avanzar mediante acordadas, habrá que promoverle un juicio político por incumplir con los deberes de su cargo".

Regino Racedo (PJ) destacó que no se cuestionan los objetivos del proyecto de la CSJT, sino los mecanismos utilizados. "No veo por qué ahora no se puede dialogar sobre la instrumentación de esta reforma. De todas maneras, eso es una facultad del Poder Legislativo, y a eso no lo vamos a negociar", aseveró el monterizo. Y agregó: "cuando la Justicia suspendió el proceso contra los jueces del caso Verón nosotros acatamos el fallo, como debe ser. Lo que pedimos es que también se nos respete".

Justamente, una serie de resoluciones judiciales que truncaron actos emanados del parlamento habían generado preocupación y enojo en el oficialismo. Esta vez, son muchas las voces que se alzaron desde la Cámara. Y todas coinciden en que si Estofán quiere "jugar", deberá atenerse a las reglas de juego que sancione la Legislatura. ¿Será así?

El plan piloto para profundizar el sistema acusatorio fue diseñado por el Inecip, y aprobado por la Corte mediante acordadas. Debía empezar en Concepción el lunes, pero se suspendió de manera indefinida.

El programa privilegia la oralidad, la contradicción, la buena fe procesal y la celeridad. En la investigación penal preparatoria, el juez debe velar por esas premisas y decidir en audiencia pública de inmediato.

El fiscal debe procurar la solución ágil y simple del conflicto; y darles prioridad a las salidas alternativas y reparadoras, buscando respuestas prontas y eficaces con un contenido mínimo de severidad estatal.