BUENOS AIRES.- El periodista Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), opinó que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que limita la presentación de medidas cautelares es "de dudosa constitucionalidad" y " afecta la tutela judicial efectiva de los derechos de los sectores más desprotegidos y colisiona con la Convención Americana de Derechos Humanos". Así lo expresó en un artículo editorial publicado hoy en el diario Página/12 .

En respuesta, el bloque de senadores kirchneristas convocó al CELS para que exprese en el Congreso su postura sobre la reforma judicial.

Así lo informó hoy el jefe de la bancada, el senador Miguel Ángel Pichetto, al recordar que el martes, a las 11, se reunirán las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Legislación General para analizar las posiciones del organismo que preside Verbitsky.

En su columna, el periodista en claro también que, desde el oficialismo "nadie ha querido disimular que el debate sobre la denominada democratización de la Justicia es consecuencia del bloqueo a la ley de servicios de comunicación audiovisual que el Grupo Clarín logró mediante medidas cautelares".

Para Verbitsky, la batería de proyectos destinados a una reforma judicial que envió el Gobierno al Congreso son "consecuencia del bloqueo a la ley de servicios de comunicación audiovisual que el Grupo Clarín logró mediante medidas cautelares".

Con relación a este último punto, el periodista considera que se trata de una medida eficiente cuando se trata de relaciones de contenido patrimonial entre el Estado y las empresas, aunque destaca que en muchas situaciones "las medidas cautelares amparan derechos fundamentales de personas o grupos sociales (...) de modo de garantizar derechos en condiciones de igualdad".

"No es aceptable equiparar las cautelares en casos meramente patrimoniales, en los que el Estado suele ser la parte más débil de la relación, con aquellas que pueden oponerse a ciertos actos estatales violatorios de derechos fundamentales a favor de personas o colectivos indefensos", asevera el director del CELS.

Considera que ei el problema es el Grupo Clarín "no hay por qué desamparar a los condenados de la tierra". DYN - LA GACETA