El impulso del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a una reforma judicial en el fuero federal se impuso como "el" tema de agenda en los últimos siete días. Eso, luego de que el oficialismo lograra en el Senado dictámenes favorables a la ampliación del número de miembros del Consejo de la Magistratura; a la creación de tres nuevas cámaras de Casación y a los límites en las medidas cautelares en contra del Estado. En Tucumán, la iniciativa del oficialismo fue debatida también esta semana en distintos foros (Colegio de Abogados y Asociación de Derechos Civiles, entre otros anfitriones).

Como en esos ámbitos, también entre los cuatro expertos invitados por LA GACETA a opinar sobre la reforma hubo coincidencias en por lo menos tres puntos: 1) que, como enuncia la doctora en Derecho Gilda Pedicone de Vals, "en todo el país, todos los días, hay gente reclamando Justicia, con mayúsculas. Justicia por un crimen impune, justicia por culpables que no aparecen, justicia por condenas que parecen insuficientes" ; 2) la advertencia de "partidización de la justicia" que podría surgir tras la ampliación del número de integrantes en el Consejo de la Magistratura (CM) y, 3) los límites a las medidas cautelares dejan en desventaja al ciudadano común.

Sin embargo, también se advierten discrepancias en torno de los proyectos de cuño kirchnerista y del impacto que estos tendrán en la ciudadanía, de ser sancionados en el Congreso. Además de Pedicone de Vals, LA GACETA consultó al abogado constitucionalista Luis Iriarte, al vicedecano de la Facultad de Derecho de la UNT, Miguel Marcotullio y a Gabriel Pereira, doctorando en Ciencias Políticas de la Universidad de Oxford y miembro del Consejo Ejecutivo de Andhes. "Las propuestas deben ser entendidas como una etapa más de un proceso que se inició en la crisis del 2001, cuando por primera vez la ciudadanía tomó conciencia de que el Poder Judicial, y la Corte como su cabeza, eran responsables del devenir político y social del país. También entonces empezamos a darnos cuenta de que la estructura corporativa de la Justicia, junto al mito de que los jueces realizan una mera labor técnica, dieron lugar a una arquitectura institucional que dejó olvidada al ciudadano común, restringiéndole su acceso a la protección de sus derechos, su capacidad de controlar la función judicial, y facultad de participar tanto en el proceso de selección como en el proceso de toma de decisión judicial", dijo Pereira.

El 2001 también aparece como un año clave para Iriarte y para Marcotullio. Sin embargo, esa fecha resuena para ellos de otro modo: ese año, coinciden ambos expertos, tanto el Poder Judicial como el poder político avanzan sobre el ciudadano común.

"Cada vez hay mayores restricciones a las libertades. Restricciones cambiarias, aranceles confiscatorios, presión impositiva, publicidad oficial escandalosa y cadena oficial obligatoria... Todos son parte del escenario anti-republicano que vivimos", advierte Marcotullio. Y la propuesta kirchnerista de limitar las cautelares en contra del Estado, coinciden los cuatro especialistas, no hace más que profundizar esa situación.