La última vez que los estatales marcharon masivamente a la plaza Independencia fue el 9 de julio de 2004, cuando ex presidente Néstor Kirchner visitó la provincia. Ese día, la protesta de unos 2.000 empleados públicos afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) aguó la fiesta patria, a raíz de los incidentes que protagonizaron los propios estatales y los simpatizantes alperovichistas que habían llegado al principal paseo público para "garantizar" el desarrollo de los actos conmemorativos nacionales.
Nueve años después, el principal referente de ATE, Martín Rodríguez, promete "llenar la plaza" de trabajadores este jueves, cuando empleados públicos de varios municipios marchen en reclamo de un incremento salarial del 36%. No obstante, los gremialistas aseguran que esperarán la convocatoria del Poder Ejecutivo (PE) hasta mañana al mediodía. "La última oferta del Gobierno fue del 25% al salario básico. Nosotros coincidimos en que es insuficiente. Los trabajadores piden el mismo aumento que les dieron a los legisladores, o sea, el 36%. Ni más, ni menos. Si el llamado del PE no llega antes del mediodía del miércoles (por mañana) vamos a llenar la plaza", desafió Rodríguez.
Ayer, en un plenario realizado en la cede de la CTA-Micelli (Moreno al 800), los representantes de los sindicatos municipales del interior decidieron marchar el jueves a la plaza Independencia, pedir un aumento del 36% y exigir un salario mínimo de $ 4.500 para todos los empleados públicos de la provincia. "Los salarios quedaron muy abajo. Vamos a pelear para que ningún trabajador gane menos de $ 4.500", planteó Enzo Alarcón, secretario general del sindicato de empleados municipales de Simoca. Idéntica postura adoptó el representante de los trabajadores de Banda del Río Salí, Daniel Coronel. "Exigimos una respuesta inmediata del Gobierno y desde ya rechazamos cualquier incremento que sea inferior al 30%", planteó Coronel. Los dirigentes Vicente Ruiz (Aguilares), Julio Parra (Bella Vista) y Fabián Jiménez (Monteros) también coincidieron en rechazar la última oferta salarial, del 25%.
En tanto, desde UPCN anunciaron que endurecerán las medidas de fuerza. "Al quite de colaboración que veníamos sosteniendo vamos a agregarle una hora más. O sea que la actividad estará disminuida de 10 a 13", señaló el dirigente Luis Albornoz.
Rechazo
Otro frente de conflicto estatal podría abrirse esta semana para el Gobierno. Ocurre que se celebrará la quinta ronda de reuniones paritarias con los gremios de la salud. Está previsto que el jueves, ATSA, AME, Sitas, Sumar y UPCN pasen por el Ministerio de Salud para dar una respuesta al ofrecimiento final (alrededor del 27% a la base de cálculo). Tanto ATSA como Sumar habían adelantado, al finalizar el último encuentro, que la oferta estaba cerca de sus pretensiones. En cambio, UPCN y el Sitas habían relativizado los resultados.
De hecho, Sitas llegará con un rechazo y una contraoferta bajo el brazo. El gremio que representa a los autoconvocados celebró ayer una asamblea general y los resultados fueron contundentes. Por unanimidad, las bases en hospitales, áreas operativas y CAPS del Siprosa rechazaron los últimos números. Además, dieron el mandato a los negociadores para que planteen una contraoferta que no sea inferior al 30%. En tanto que, si naufraga el diálogo, están decididos a recurrir a medidas de fuerza.
"Si el diálogo termina, será responsabilidad del Gobierno. La propuesta es un salto atrás en la pirámide salarial. Apelamos a la razonabilidad, porque no sólo está en juego el salario, sino la salud de la población", instó la titular del sindicato, Adriana Bueno. Advirtió que de cortarse la negociación, podrían realizar paros, levantar carpas y convocar a marchas. "No está nada descartado", adelantó.
En la última charla, el ministro de Salud, Pablo Yedlin, había manifestado que era probable cerrar hoy la negociación, pero las reuniones se postergaron hasta el jueves. La oferta incluye sumar 200 puntos a los 750 de la base de cálculo (cifra que multiplicada por un coeficiente de cada categoría da como resultado el sueldo básico). La recomposición se acreditaría en dos cuotas: la primera, del 80%, sería retroactiva a marzo; y la otra, del 20% restante, se pagaría en septiembre. El piso se fijaría en $ 4.000.