MADRID.- La infanta Cristina, hija del rey Juan Carlos, fue imputada hoy por la Justicia de España en el caso de corrupción en el que está siendo investigado su marido, Iñaki Urdangarín, un hecho inédito en la historia democrática de España.
La hija del monarca formaba parte de la junta directiva del Instituto Nóos, la organización a través de la cual su marido y el ex socio de éste, Diego Torres, se apropiaron presuntamente de seis millones de euros de dinero público.
Más de un año después del procesamiento del duque de Palma, el juez que instruye el caso, José Castro, considera que la “cesión por parte de la infanta de su imagen” para conseguir contratos públicos para el Instituto Nóos fue clave para el éxito de la organización.
La decisión fue adoptada en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que recurrirá la medida, y tras la última entrega por parte de Torres de correos electrónicos de Nóos al magistrado.
Por el momento, Cristina Federica de Borbón y Grecia, de 46 años, tendrá que declarar el próximo 27 de abril a las 10 de la mañana en los juzgados de Palma de Mallorca, donde se está instruyendo la causa.
La casa real española expresó su "sorpresa" por la imputación.
El Palacio de la Zarzuela se mostró sorprendido por el cambio de "posición" del juez que instruye el caso y que en dos ocasiones anteriores rechazó la imputación de la hija mediana del rey Juan Carlos.
Asimismo, mostró su "absoluta conformidad" con la decisión de la fiscalía, que pretende recurrir la decisión del juez Castro.
En el escándalo de corrupción Nóos están procesados, además de Urdangarín y Torres, la esposa de éste, Ana María Tejeiro, y el secretario general de las Infantas, Carlos García Reventa.
Desde fines de 2011, el juez Castro investiga a Urdangarín y su ex socio por haber desviado a paraísos fiscales unos seis millones de euros en fondos públicos de los gobiernos balear y valenciano, que fueron adjudicados entre 2004 y 2007 al Instituto Nóos, entidad sin fines de lucro, para la organización de 5 eventos (Illes Balears Forum y Valencia Summit). De acuerdo con la investigación, los contratos fueron otorgados por ambos gobiernos regionales, en manos del derechista Partido Popular (PP), sin que mediara concurso ni licitación. TÉLAM-DPA