Aunque se canse de negarlo, el brete que supuso el caso Verón para el gobernador, José Alperovich, es evidente. El oficialismo no tuvo -o no quiso- otra opción -política- que arremeter contra los jueces que absolvieron a los imputados por la desaparición de María de los Angeles "Marita" Verón. Así se lo gritó en la cara Susana Trimarco y así se lo ordenó, en la intimidad, la Casa Rosada.
Ahora, ¿la preocupación real del kirchnerismo es castigar a los jueces por su actuación en un caso emblemático? Ni siquiera en la Casa de Gobierno tucumana creen en esa motivación. Los propios legisladores que integran la comisión de Juicio Político admiten que debieron avanzar porque el propio jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, siguió personalmente el proceso y así se lo hizo saber al mandatario. Incluso, la lectura alperovichista es otra: de Tucumán, para el país, saldrá la primera señal de que el kirchnerismo irá por la Justicia; hasta aquí, el único poder del Estado que no pudo colonizar.
Por eso el oficialismo hizo malabares con Sisto Terán para dibujar una acusación más o menos consistente. Los testimonios -ni siquiera los aportados por los letrados de Trimarco- fueron contundentes contra la actuación de los magistrados. Pero el alperovichismo, según se excusó, no tenía otra opción política. Ahora, paradójicamente, sólo la Justicia podrá frenar la decapitación "institucional" de los magistrados. La Corte Suprema, integrada por conjueces, aún debe resolver un cuestionamiento de Eduardo Romero Lascano que dinamita la conformación del Jury de Enjuiciamiento. Y en la Casa de Gobierno, si ese fallo es adverso a las intenciones del kirchnerismo, como especulan, no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados. Es que si el alperovichismo le teme a algo es, justamente, a las represalias políticas de la Nación. LA GACETA