Las últimas decisiones judiciales que favorecieron al camarista penal Emilio Herrera Molina generaron preocupación en Casa de Gobierno. Pero allí, donde está tomada la decisión política de avanzar en la destitución de los tres jueces del caso María de los Ángeles Verón, no piensan quedarse de brazos cruzados. Por eso, la Fiscalía de Estado presentó un recurso de casación ante la sala II en lo Contencioso Administrativo, que entiende en este proceso, con el objetivo de que el expediente llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia (CSJT). El plan del oficialismo es que el alto tribunal analice si el gobernador, José Alperovich, actuó sobre la base de la normativa constitucional al rechazar el pedido de renuncia de Herrera Molina para acogerse a la jubilación.

Esta disputa jurídica se produce en el marco del proceso que se realiza en el parlamento contra los vocales de la sala II de la Cámara Penal, Alberto Piedrabuena, Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano. Susana Trimarco, madre de María de los Ángeles Verón, acusó a los magistrados ante la comisión de Juicio Político de la Cámara por su presunto mal desempeño en el proceso que culminó con la absolución de 13 acusados en el caso de "Marita".

Como los camaristas del fuero administrativo, Rodolfo Novillo y Hebe López Piossek,

dispusieron que Alperovich revisara el decreto que rechazó la renuncia de Herrera Molina y contemplara su grave estado de salud, los abogados de la Fiscalía de Estado -cuyo titular es Jorge Posse Ponessa- formularon un escrito para tratar de torcer la historia. Sobre todo, luego de que un vocal de la sala interviniente, Carlos Eugenio Giovanello, ordenara la exclusión del magistrado renunciante en el proceso que realiza la comisión permanente de Juicio Político del paramento.

En el escrito de la Provincia, se argumenta que la sentencia judicial "resulta arbitraria". "Prescinde, de manera evidente, de la facultad constitucional del PE de rechazar la renuncia de un magistrado judicial", indica el texto, al que accedió LA GACETA.

Otro de los puntos cuestionados por el Gobierno provincial es que, según su versión, Herrera Molina no está en condiciones de jubilarse ya que no se ha desempeñado durante 30 años como magistrado, sino durante 26. Además, los letrados del PE remarcaron que el precario estado de salud del juez Herrera Molina no había sido citado como argumento por los abogados del camarista a la hora de contrariar el decreto gubernamental.

Vicios en la causa
En el escrito de la Fiscalía de Estado, también aparece un apartado titulado "vicio en la causa", en el que se tratan los cuestionamientos de la Justicia respecto al polémico caso de un dictamen -no vinculante- de Posse Ponessa, quien aconsejaba a Alperovich concederle el beneficio jubilatorio a Herrera Molina. Esas hojas, según la resolución judicial, no aparecían en las copias del expediente que habían sido remitidas a los Tribunales desde la sede del PE. Y consideró que el Gobierno provincial había tenido una actitud "reticente".

La Fiscalía de Estado, en el recurso de casación, descartó que haya habido un intento de ocultamiento, y argumentó que ese texto nunca había sido contemplado siquiera por los representantes de Herrera Molina. "Cuando ese dictamen fue firmado, la situación del juez era otra, ya que aún no había sido denunciado ante la Legislatura. El contexto no es el mismo", afirmó una fuente del PE.

PARA ENTENDER EL CASO

1

¿Puede otra vez el gobernador rechazar la dimisión? Sí. El fallo no obliga a aceptar la renuncia, sino a ajustar el decreto del PE.

2

¿Qué ocurrirá si el PE acepta la renuncia? En ese caso Herrera Molina podrá jubilarse y sorteará el proceso de destitución.

3

¿Puede otro vocal jubilarse? Alberto Piedrabuena, titular del tribunal, está en condiciones. Pero no Romero Lascano.

4

¿Cómo sigue la pugna? El fuero administrativo, si da lugar al planteo del PE, elevará el expediente a la Corte Suprema.