La Unión Cívica Radical (UCR) mostró su preocupación ayer por el caso del dictamen que, en el expediente tramitado por la sala II de lo Contencioso Administrativo sobre el pedido de renuncia del juez Emilio Herrera Molina, llamativamente no estaba en las copias que se le habían remitido al tribunal interviniente. Sobre todo, porque ese texto parecía favorecer al magistrado demandante, señaló el legislador Federico Romano Norri. "La omisión de esas hojas no parece casualidad", disparó.
El titular de uno de los dos bloques radicales de la Cámara anunció que planteará este tema la próxima vez que la UCR local se reúna, con el objetivo de formular alguna acción conjunta. “Es un hecho nuevo, en cuanto a que tomó trascendencia hace unos días. El radicalismo seguramente adoptará una postura, porque es una cuestión absolutamente irregular", afirmó.
Y añadió que no le parece una mera coincidencia que el dictamen del fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, le aconsejara al gobernador, José Alperovich, la renuncia de Herrera Molina. "Estamos hablando de un instrumento público. Esto es grave y serio, porque se hizo con la intención de no mostrarlo", dijo el opositor.
El republicano Ricardo Bussi opinó que el fallo en la causa Herrera Molina "puso en grosera evidencia la total falta de seriedad y de transparencia con que se mueve Alperovich, y la total impunidad de la que goza". "El gobernador no sólo desobedeció un dictamen de su propio fiscal de Estado, que aconsejaba conceder el beneficio de la jubilación, sino que lo ocultó maliciosamente al ser requerido por la Justicia provincial. Este es el mismo mandatario que ha gastado $ 60.000 millones de pesos de todos los tucumanos", dijo Bussi. Herrera Molina es vocal de la sala II de la Cámara Penal, junto a Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano. Este tribunal, en diciembre, absolvió por falta de pruebas a 13 acusados en el caso de María de los Ángeles Verón. Tras el fallo, que generó una crisis en el alperovichismo, la madre de la víctima, Susana Trimarco, inició los trámites para acusar a los magistrados ante la comisión de Juicio Político de la Cámara. Los legisladores decidirán el 3 de abril si corresponde o no acusar a los camaristas ante el Jury de Enjuiciamiento.
En este marco, Herrera Molina presentó su renuncia para acogerse a la jubilación. El gobernador se la rechazó, y el magistrado recurrió a la Justicia, que le dio la razón, por lo que el mandatario deberá, al menos, considerar la precaria situación de salud del juez cuando revea su decisión. El PE, de todas maneras, trabaja para apelar esa resolución de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. LA GACETA