Las relaciones entre el Gobierno nacional y el sector agropecuario argentino parecen encaminadas a un desencuentro mayúsculo, sólo comparable con el enfrentamiento que ambas facciones mantuvieron en 2008, cuando el campo se opuso durante cuatro meses a la pretensión de la administración central de aplicar retenciones móviles a las exportaciones de soja y sus derivados, en el marco de la polémica resolución 125. Hoy, a cinco años de la asonada ruralista nacional que hizo tambalear la entonces flamante gestión de Cristina Fernández, el vínculo Gobierno-campo se encuentra en su peor momento, y la posibilidad de un nuevo choque entre ambas partes no se puede descartar.

Los ánimos de los agricultores están peor que nunca desde 2008 a la fecha. Ya no se trata sólo de malestar por la avidez recaudadora del Estado nacional, sino que ahora se suman problemas operativos que tornan más compleja la crisis. Para empezar, desde la caída de la "125" nunca el Gobierno y el campo limaron asperezas y el diálogo se tornó inexistente. Por lo tanto, ningún reclamo que proviniera de la Mesa de Enlace Agropecuaria fue atendido en casi cinco años. De hecho, la dirigencia ruralista recuerda que la última reunión que mantuvieron con el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, ocurrió en enero de 2012, hace 13 meses. Para colmo, el campo fue uno de los primeros afectados por las restricciones a las importaciones que el Gobierno impuso para evitar la salida de dólares del país. Luego, el tipo de cambio atrasado resultó -y resulta- desfavorable para el sector exportador, y el campo argentino es gran exportador. En forma paralela, las entidades ruralistas denuncian que la política agropecuaria del kirchnerismo llevó a la caída de las exportaciones de carne vacuna y al cierre de decenas de frigoríficos, lo que a su vez derivó en una fuerte caída en el empleo.

El malhumor del hombre de campo no encuentra sosiego, en especial porque en las últimas dos temporadas la naturaleza viene asestando golpes certeros a las expectativas productivas y comerciales de las distintas actividades agrícolas, con fuertes sequías. En Tucumán, la falta de agua en la zona rural ocasionó pérdidas de hasta un 50% en promedio en la cosecha de granos del año pasado, y para la presente temporada se cree que el daño podría ser aún peor. Entonces, la seca, más el cepo cambiario, el cierre de las importaciones, la imposibilidad de vender trigo y maíz y la presión fiscal representan un cóctel que podría estallar en cualquier momento. Y si algo faltaba para exacerbar más la irritación del los ruralistas, la AFIP inició una campaña de presión para asegurarse de que los productores no guarden soja y la vendan, para así captar ingresos en dólares. Todo mal.

La Mesa de Enlace, que tuvo un rol preponderante en las protestas de 2008, parece orientada a cobrar nuevo protagonismo, luego del ostracismo al que había caído tras los episodios relacionados con la 125. El viernes pasado, en la localidad bonaerense de Pehuajó, la institución que agrupa a las principales entidades agropecuarias del país recibió un fuerte espaldarazo de las bases para que actúe en defensa de los intereses del campo en su conjunto. En un ambiente caldeado se barajó una opción que sería intolerable para el Gobierno central: la no venta de la nueva soja. Esta medida de fuerza sin dudas impactaría con dureza en las arcas nacionales, porque significaría un freno violento al ingreso de divisas al país. Lo preocupante es que del lado del Gobierno es muy difícil que se adopte una postura conciliadora para evitar tamaño mal, lo que sin dudas se traduciría en un nuevo enfrentamiento entre las partes, con consecuencias en verdad imposibles de cuantificar.