BUENOS AIRES.- El juez federal Norberto Oyarbide citó a la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, a prestar declaración como testigo en la causa por el desvío de fondos del plan de viviendas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, por la que ayer quedaron procesados y detenidos nuevamente los hermanos Sergio y Pablo Schoklender.
Bonafini deberá presentarse el martes 26 de febrero para prestar “declaración testimonial” en la causa, aunque "no hay ningún elemento que la vincule con la investigación”, según aseguró esta mañana el fiscal federal Jorge Di Lello, quien había pedido esta declaración.
“No hay una alteración en su modo de vida, no hay una exteriorización patrimonial, no hay ninguna otra conducta extraña", destacó el fiscal en declaraciones a la prensa.
“Ella es la responsable de haber puesto a Schoklender al frente de plan Sueños Compartidos. Pero eso no la convierte en parte del desvío de fondos" de la fundación, sostuvo Di Lello en declaraciones a la radio Vorterix.
El juez Norberto Oyarbide citó en días sucesivos a varias integrantes de la Fundación Madres de Plaza de Mayo a prestar testimonial y el 28 de febrero lo hará Mercedes de Melonio, firmante de parte de la documentación involucrada.
En cambio, la ex ministra de Economía y asesora financiera de la entidad Felisa Miceli fue citada a prestar declaración indagatoria y no testimonial el 5 de abril, mientras que cuatro días mas tarde deberá hacerlo en igual calidad Rubén Brizuela, jefe de seguridad de Sergio Schoklender.
"Hay mucha prueba por producir" en el caso, declaró Oyabrbide esta mañana a la prensa concentrada en la puerta de su domicilio en Recoleta, y aclaró que la falta de mérito dictada a Alejandra Bonafini es una “medida transitoria”, ya que al momento de ordenar los primeros procesamientos y detenciones no encontró causas para hacerlo con la hija de la titular de Madres.
Oyarbibe deberá resolver en las próximas horas un pedido de excarcelación presentado por la defensa de Pablo Schoklender, el primero de los tres detenidos en recurrir la decisión judicial. T
anto Sergio como su hermano menor y el contador Alejandro Gotkin están acusados de asociación ilícita en diverso grado y administración fraudulenta de los bienes de la fundación, desviando en su provecho fondos públicos.
Para argumentar la decisión de no pedir hasta ahora la citación de Bonafini, el fiscal Di Lello comparó su situación con “un padre que le presta el auto a su hijo y éste choca y mata a alguien. Si el homicidio es a causa de una conducta ilícita del hijo, la responsabilidad es de él y no de quien le prestó el auto".
Oyarbide elogió el respaldo que recibió del Banco Central y de la Auditoria General de la Nación para procesar unos “1.500 documentos” reunidos en la pesquisa, que acreditarían las irregularidades en los 1.126.000.000 de pesos que manejaban los Schoklender por cuenta de la Fundación.
El juez agregó hoy que a fines de mayo de 2012 la Policía Federal Argentina ya había advertido un déficit en la Fundación en el orden de los 183.000.000 de pesos, una evasión impositiva algo inferior a ese monto y “contrataciones directas, en oposición a la ley”. (Télam)