"Estoy convencido de que se trata de una operación política desde el oficialismo con el objeto único y estricto de callarme". Así calificó el edil radical de Yerba Buena, Mariano Campero, a la denuncia presentada en su contra.

El 27 de noviembre, Carlos Augusto Monteros, ex asesor de Campero, denunció ante el Concejo Deliberante de la "Ciudad Jardín" al concejal radical. Dijo que era "obligado a ceder" parte de su sueldo como colaborador y repartirlo entre otras cuatro personas.

En el planteo que evaluará la comisión de Peticiones, Poderes y Legales, en manos de ediles aliados al intendente, Daniel Toledo, se consigna que Campero "obligaba" a uno de sus asesores a dividir su salario, que era distribuido -según el texto- entre Mariano Bertelli Ramos, Rodrigo Castilla Orozco y Silvia Iramain. Luego, se agrega que tras la renuncia de Bertelli, Nicolás Fernández Pereyra se incorpora en su lugar. Actualmente, los dos asesores del concejal radical son Nicolás Fernández y Rodrigo Castillo. Campero, sin embargo, desestimó la versión. Explicó que la demanda surge en consecuencia de los planteos públicos que realizó para desnudar una presunta connivencia entre la Intendencia y algunas empresas inmobiliarias.

El edil, incluso, argumentó que dio de baja al denunciante por no cumplir sus funciones en el Concejo Deliberante. "Cuando uno tiene pocos recursos -porque no somos como el oficialismo- debemos optimizarlos y trabajar con el mejor", se excusó el radical.

Agregó que se trata de una maniobra del toledismo para amedrentar a la oposición, como consecuencia del pedido de informes que efectuaron para conocer detalles sobre proyectos inmobiliarios. Uno de ellos es el de las torres "Casonas del Corte", proyecto que se encuentra suspendido.

"El oficialismo se aprovecha de esta situación, donde gente resentida -porque ha sido dejada de lado- se ha visto contenida", arremetió el edil. "En el momento en que nosotros avanzamos con las tareas de investigación por el incumplimiento de las normas del Código Urbano, se aprovecharon de que había desplazado al señor Monteros. Y armaron todo esto", conjeturó. Campero precisó que el proyecto inmobiliario de la polémica se encuentra ubicado a los pies del cerro San Javier y prevé la construcción de cinco torres en un terreno ubicado al sudeste de la rotonda de Horco Molle.

El concejal radical sostiene que el proyecto presenta irregularidades administrativas; entre ellas, que en la zona las normas municipales son específicas y no permiten edificaciones de mediana densidad poblacional.