Quinta promesa por los talleres

El anuncio de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, sorprendió a propios y ajenos. En cadena nacional, la mandataria hizo la quinta promesa durante el kirchnerismo de que los talleres ferroviarios de Tafí Viejo serían reactivados. Ni Fernández ni las autoridades provinciales dieron más detalles de lo que incluiría la revitalización. Los 102 empleados del centenario establecimiento recibieron con sorpresa la palabra oficial, pero también con desconfianza por los vaivenes del pasado. Un grupo de ellos venía gestionando desde hace años el apoyo de la Nación. De hecho, presentaron un proyecto de rehabilitación gradual. Durante una entrevista con el secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, el año pasado los trabajadores habían obtenido un compromiso de que enviaría $ 1.200.000 para la compra de materiales. Además, había prometido que les enviarían más elementos ferroviarios para que repararan. Los talleres fueron reabiertos en 2004, pero no volvieron a funcionar a pleno.


Los estatales irán por el 40%

"Esperamos que todos (los incrementos) sean en un mismo porcentaje, de un 17%". Ese techo tentativo que el ministro de Economía, Jorge Jiménez, les puso a las próximas negociaciones salariales ofuscó a los gremios estatales. Los representantes de los trabajadores adelantaron a LA GACETA que rechazarían ese porcentual. Mientras el gobernador, José Alperovich, pidió prudencia, los sindicatos pronosticaron que las reuniones serán arduas. Hasta los gremios más afines al Ejecutivo consideraron que el incremento alcanzado en 2012 pasado -que rondó el 22%-, resultó insuficiente para afrontar el año que pasó. Por ello, plantearán la necesidad de una suma mayor. Las organizaciones comenzarán a reunirse esta semana para acordar una cifra para llevar a la Casa de Gobierno y trascendió que alcanzaría el 40%. Luis Albornoz, secretario adjunto de UPCN, había explicado que el porcentual expresado por Jiménez equivaldría a una suba de sólo $ 250 al básico. Mientras que en 2012, la suba menor fue de $ 1.000.


Más plata para gastos sociales

La noticia de la suba del 36% a los legisladores para gastos sociales fue el puntapié para enojos, quejas y declaraciones desafortunadas en el verano político. Durante los primeros días del mes, se supo que los 49 parlamentarios cobraron ese incremento en el ítem que reciben para usar a discreción. La mayoría afirma que los destina a ayudas sociales o a asesores extra. El mínimo que percibirían rondaría los $ 50.000; el máximo superaría los $ 120.000. Por lo bajo, muchos dicen que, a diferencia de las dietas (rondan los $ 13.000 para todos los representantes), el monto para gastos sociales varía según las jerarquías internas. José "Gallito" Gutiérrez (PJ) le puso pimienta a la polémica al defender la suba. Había reconocido que su éxito electoral se debía al uso de esos recursos "El trabajo político que hice y que generé desde la Legislatura con los gastos sociales me ha permitido llevarla a mi madre (Angélica Manzanedo) como legisladora", ejemplificó. Además, agregó: "con $ 11.500 (lo que dijo cobrar en mano por dieta) no me alcanza para vivir". El titular subrogante de la Cámara, Regino Amado, desmintió al legislador y ratificó que la dieta de los parlamentarios es de $13.000. Amado, además, afirmó que no recibe beneficios extra por su función en la Cámara. El gobernador, José Alperovich, evitó opinar sobre la polémica. "Yo soy el Ejecutivo, ¿por qué no le pregunta al Legislativo? Qué tengo que ver yo con el Legislativo", señaló. LA GACETA llamó a los 49 legisladores para consultarles cuánto cobraban para gastos sociales y a qué los destinaban. Sólo 18 de ellos dieron explicaciones; 13 directamente se negaron a dar información y otros 13 no contestaron la requisitoria. No se pudo establecer contacto con cinco de ellos. "Cuando me digan cuánto perciben de sueldo los de LA GACETA voy a contestar cuánto gano yo. No tengo por qué decir cuánto gano a los medios", esquivó Manuel Fernández.


Dos planes entusiasman al PE

El año electoral llegará con "panes bajo el brazo" para el Gobierno tucumano. Más precisamente, con la continuidad de programas de trabajo y con nuevos planes de obras públicas. Durante los primeros días de enero, la Nación confirmó que seguirá conteniendo a 14.900 personas del Gran San Miguel de Tucumán mediante el "Argentina Trabaja". Desde el ministerio de Desarrollo Social se detalló que este año se recibirá entre $ 160 y $ 170 millones para financiar los cursos de capacitación, talleres comunitarios e insumos de los integrantes de 500 cooperativas. Además, próximamente, se implementarán modificaciones en el pago de los beneficios. A los $ 1.200 que recibían por mes, se sumarán adicionales por productividad ($ 300), y por presentismo ($ 250). Es decir que quienes cumplan con estas exigencias cobrarán unos $ 1.750. Además, las horas de servicio se reducirán a cuatro. A su vez, las cooperativas tendrán contadores y asesores técnicos para mantener sus cuentas en orden.

La semana pasada, por otro lado, se confirmó la llegada de $ 500 millones para obras públicas en el marco del plan "Más Cerca". Del total de trabajos, 361 se realizarán entre los 19 municipios; 220 entre las 93 comunas. Los montos distribuidos entre esas administraciones serán de $ 334 millones y $ 166 millones, respectivamente. 

Según informes oficiales a los que accedió LA GACETA, se priorizará en primer lugar la construcción de cordones cunetas ($ 134 millones), de pavimento ($ 60 millones) y de asfalto articulado ($ 56 millones). Mientras que en segundo término, se efectuará la instalación de desagües pluviales urbanos ($ 34 millones), la ampliación de redes de agua potable ($ 33 millones) y la construcción de veredas comunitarias (alrededor de $ 32 millones).


Expedientes perdidos en rentas

El escándalo se produjo hace casi una década en la Dirección General de Rentas (DGR), pero aún no se constató si hubo irregularidades. Este verano se vivió un nuevo capítulo de un juicio de responsabilidad que se inició en el Tribunal de Cuentas (CT) en 2009. Según una auditoría interna, entre 1999 y 2002 se archivaron 435 expedientes -167 continúan extraviados- que contenían boletas de deudas y otros documentos fiscales de pequeños, medianos y grandes contribuyentes, por períodos anteriores a 1999. La clausura de estos trámites, según los contadores fiscales, habría sido irregular, dado que se argumentaba un supuesto bloqueo fiscal que nunca se había corroborado. Se considera que esto le habría originado al erario una pérdida que rondaría los $ 2,8 millones. El expediente está en manos del contador fiscal del TC, Agustín Gollán, quien enviará un dictamen clave -aunque no vinculante- para la resolución del caso. La pesquisa se inició a raíz de un pedido de intervención del actual director de la DGR, Pablo Clavarino, y tiene como imputados a cuatro ex empleados de la repartición: Emilio Armando De Lisi, ex titular de Rentas y actual contador fiscal del TC; Hugo Arredondo, ex jefe del Departamento Fiscalización; Silvio Bellomío, actual secretario de Economía y Hacienda de la Municipalidad capitalina, quien era ex subjefe de la Subdirección Legal y Técnica; y Miguel Ángel Jaime, quien habría recibido la mayoría de los documentos que motivaron la causa. Una de las últimas novedades registradas en el expediente que sustanció el Tribunal de Cuentas es una presentación formulada por los representantes legales de Bellomío, quienes le habían advertido a las autoridades del TC sobre supuestas versiones de que se iba a hacer "desaparecer" un dictamen que favorecía al funcionario municipal y que presuntamente comprometía a Clavarino. El ente de control rechazó íntegramente esa queja en diciembre.


Cobertura de cargos oficiales

Desde su creación a finales de 2009, el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) cubrió 66 de las 76 vacantes de la Justicia de Tucumán. De esta manera, sólo restarían cubrir 10 de los despachos que permanecían sin titular. Los números figuran en una memoria elaborada por ese órgano que selecciona magistrados mediante el sistema de concursos públicos de antecedentes y oposición. Las coberturas concretadas -con la participación del CAM, del Poder Ejecutivo (PE) y de la Legislatura- equivalen al 35% de la judicatura provincial. Se incluyen los cargos de primera y segunda instancia en funcionamiento en los centros judiciales de la capital, Concepción y Monteros, y a los funcionarios del Ministerio Público (con la excepción del ministro fiscal). El 35% de las 66 designaciones mencionadas corresponden a los últimos nueve meses. Si la tendencia continúa, José Alperovich se convertiría en el gobernador que más jueces nombró en la historia de Tucumán. Ocurre que con el sistema vigente, tras el concurso, el CAM propone los tres primeros nombres del orden de mérito al titular del PE; éste, luego, elige a discreción uno de los pliegos y lo envía con pedido de acuerdo a la Legislatura. Otra novedad en la Justicia será que la Corte local pondrá en marcha el convenio que suscribió con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales (Inecip) para reformar el proceso penal. Los centros judiciales de Concepción y Monteros serán los primeros en que implementarán el plan piloto. Este implica la reorganización del Ministerio Público Fiscal (reemplazará su estructura rígida por la "oficina flexible" e incorporará subsedes en el interior); el fortalecimiento del defensor público; la inclusión de la audiencia oral durante la instrucción y la apelación; la sustitución del expediente por el legajo con formalidades mínimas; la consagración del juez de garantías y la adopción de soluciones alternativas al juicio.


Tucumanos, no; platenses, sí

La decisión de la Legislatura de aprobar una consultoría sobre obras de costos millonarios a ingenieros de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de La Plata generó la ira de los profesionales locales. El acuerdo, que prevé la elaboración del proyecto técnico para construir un acueducto y una planta de tratamiento de residuos cloacales, fue criticado por universidades (incluida la regional local de la UTN) y por colegios de profesionales. El decano local de la Tecnológica, Fabián Soria (foto), había adelantado que la conducción en el ámbito del país de la UTN podría frenar la puesta en vigencia del acuerdo. También se había expresado en contra el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Sergio Pagani. El alperovichismo había pedido a las instituciones que no frenaran la iniciativa. Pese a las quejas, la ley fue publicada ayer en el Boletín Oficial. El monto total de los trabajos es de unos $ 8,5 millones, que serán afrontados mediante el programa "Norte Grande".


Transifirieron al hospital del Este

Tras cuatro años desde el inicio de las obras, finalmente el Hospital "Eva Perón" -ubicado en Banda del Río Salí- está bajo la órbita de la Provincia. El centro sanitario, conocido como hospital del Este, se construyó enteramente con fondos donados desde el extranjero. Tras la aguda crisis de pobreza y desnutrición durante el gobierno de Julio Miranda (1999-2003), España se comprometió a donar 16 millones de euros para su edificación. Al iniciarse las obras, en diciembre de 2008, el tiempo estimado para la inauguración era de 16 meses. El "Eva Perón" cubriría las necesidades de atención de casi medio millón de tucumanos que viven en el este del Gran San Miguel. En principio tendrá 500 empleados, el 33% de ellos enfermeros. Ahora que está en manos del Siprosa, las autoridades esperan completar el equipamiento para la puesta en funcionamiento del hospital. A fines del año pasado, vecinos se habían quejado por el abandono del predio. En ese entonces, el Siprosa había argumentado que el edificio aún no le pertenecía.


La sentencia al Hotal de Tafí

En plena temporada turística, el municipio de Tafí del Valle sentenció la demolición del que prometía ser el hotel más grande de la villa. El intendente, Jorge Yapura Astorga, y el secretario municipal de Obras y Servicios Públicos, Félix Astorga firmaron el decreto 226/12 a fines de diciembre, que declaró inadmisible el recurso jerárquico interpuesto por Luis Jesús Zermoglio, dueño del establecimiento. Sucede que desde que Yapura Astorga reemplazó en el cargo a Carlos Rodríguez (2011), comenzaron las controversias entre el municipio y los propietarios del "Embajador del Tafí". El 9 de enero de 2012, a poco de asumir la nueva gestión, se clausuró la obra que tenía un permiso otorgado en enero de 2008. El 7 de abril, en tanto, se había emitido la orden de demolición por supuestas infracciones a las normativas de edificación municipales. El intendente luego concedió un semestre a Zermoglio para que este cumpliese las exigencias (básicamente, la entrega de información sobre el proyecto y la adecuación de este a la altura máxima permitida -6,5 metros-). El plazo había vencido en noviembre.

"Al intendente no le importan los papeles, sólo que el hotel no se haga", había dicho a LA GACETA la empresaria Emilia del Valle Gómez de Zermoglio. "Me recibieron el anteproyecto, me hicieron pagar $ 14.700, me dieron la autorización y a los nueve meses comenzaron a molestarme. Tengo un derecho adquirido", había explicado. Había relatado también un episodio en el que supuestamente el intendente la habría maltratado y amenazó con ir a la Justicia para evitar que se derribe la edificación. Yapura Astorga, en tanto, le envió una carta documento para que ratificara sus dichos sobre los términos de ese encuentro. Desde que surgió la polémica, el gobernador, José Alperovich, se manifestó en contra de la decisión municipal. En esta ocasión, ratificó su apoyo.


El balneario de la discordia

El balneario que los mellizos Juan Enrique y José Fernando Orellana hicieron construir sobre el lecho del río Famaillá generó polémica la semana pasada, a raíz de un informe firmado, en 2010, por técnicos de la Dirección Provincial del Agua (DPA).

El estudio había advertido sobre el riesgo de que se produzcan desbordes debido a que el emprendimiento turístico avanzó -cuando fue construido- unos 40 metros sobre el cauce natural del río.

El 20 de octubre de 2010, José Córdoba, jefe del Distrito IV de la DPA, informó por escrito sobre la situación del balneario al jefe del Departamento Obras por Administración de la DPA, Carlos Rodríguez. "Como consecuencia de estos trabajos, no hay duda de que el río funcionará en ese lugar como cuello de botella. Además, se construyó un sistema de defensas para proteger esta obra, lo que va a generar un golpe sobre la margen izquierda, que dará lugar a una segura e indefectible inundación de los barrios que se hallan sobre la otra margen, repitiéndose lo que se vivió el 23 de enero de 1993", había alertado Córdoba.

La respuesta del intendente de Famaillá no tardó en llegar. "La Dirección Provincial del Agua (DPA) quiere deslindar responsabilidades con el cuero mío", criticó el Orellana, ante una consulta de LA GACETA. "Nunca nos informaron de nada, ¿sabés por qué? Porque la DPA se lava las manos. La repartición antes tenía como 60 obreros, se fueron jubilando o muriendo, y ahora tienen tres o cuatro viejitos que no pueden hacer nada. Nosotros tenemos que estar tapando los agujeros cuando es responsabilidad de la DPA", se defendió el "Mellizo". El jefe municipal tampoco ahorró críticas contra el PEN. "El Gobierno nacional puso esos carteles que dicen: 'aquí también crece la Nación', y prometió inversiones millonarias. No hay una sola máquina y los trabajos no se hicieron", fustigó.