El Gobierno nacional dispuso la transferencia "urgente" de casi $ 6.000 millones de recursos previsionales y de servicios de la deuda pública para el financiamiento corriente de diferentes municipios, de acuerdo con un decreto de necesidad y urgencia (DNU) dado a conocer ayer en el Boletín Oficial.

El DNU 2609, fechado el 27 de diciembre del año pasado, lleva la firma de la presidenta, Cristina Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y todos los ministros del Poder Ejecutivo.

El decreto de necesidad y urgencia cuenta con dos particularidades: es publicado cuando el ejercicio presupuestario 2012 ya está vencido y aduce necesidad y urgencia para "mejorar la eficacia, la capacidad de respuesta y el resultado de la gestión por parte de los gobiernos municipales", en el penúltimo día hábil del año, señala un cable de la agencia DyN.

La norma reasigna recursos por $ 5.979 millones, de los cuales $ 4.500 millones son aportados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y $ 1.479 millones por el Banco Central (BCRA). Se trata de una ayuda financiera de mediano y largo plazo, con el fin de asistir, particularmente a distritos más castigados desde el punto de vista fiscal. Buenos Aires, Santa Cruz y Jujuy, entre otras, tuvieron ciertas dificultades para abonar salarios y aguinaldos. Tucumán no está incluida entre los distritos beneficiados, según pudo establecer LA GACETA.

La medida faculta a la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete "a otorgar a los gobiernos municipales ayuda financiera para la ejecución de gastos correspondientes a las prestaciones de dichas jurisdicciones".

En los considerandos, el DNU indica que "resulta necesario establecer políticas y acciones de Estado que permitan fortalecer los niveles subnacionales de mayor descentralización, estableciendo las debidas facultades para poder implementar mecanismos de asistencia económica y financiera destinados a mejorar la eficacia, la capacidad de respuesta y el resultado de la gestión por parte de los gobiernos municipales". Y puntualiza la necesidad "urgente" de "modificar los créditos para atender gastos no contemplados en el Presupuesto vigente para facilitar el normal funcionamiento de la Administración Pública Nacional".

De los $ 1.479 millones aportados por el Banco Central, tomados como anticipos de la partida "servicio de la deuda pública", $ 1.129 millones serán destinados a cubrir obligaciones a cargo del Tesoro Nacional con las provincias, en tanto que los $ 350 millones restantes son para el programa "Política e Infraestructura Penitenciaria", a cargo del Ministerio de Justicia. En lo que hace a los $ 4.500 millones de la Anses, ese monto surge de la venta de títulos y valores por $ 1.330 millones, la misma cantidad por disminución de otros activos financieros, $ 1.290 millones del Fondo de Garantía de la Seguridad Social y los $ 550 millones restantes de ingresos corrientes del organismo.