En un día agitado, que incluyó la renuncia de uno de los camaristas de la sala II, se postergó para febrero el proceso contra el tribunal. La comisión de Juicio Político de la Legislatura ya recibió la demanda en contra de los vocales Piedrabuena, Herrera Molina y Romero Lascano. Pero el trámite no avanzará. El órgano que deberá enjuiciar a los magistrados no se constituyó. El oficialismo habla de plazos, pero otras versiones sobrevuelan alrededor de una decisión que sorprendió a los propios miembros del jurado.

Una demanda, una renuncia y la llamativa suspensión de un trámite clave. Las secuelas políticas del fallo que absolvió a 13 imputados en el caso de María de los Ángeles Verón no le permiten respirar con tranquilidad al alperovichismo en las últimas horas de 2012.
La conformación del Jury de Enjuiciamiento, órgano que deberá resolver la posible destitución de los vocales de la sala II de la Cámara Penal, quedó postergada otra vez, y evidenció nuevas improlijidades en el proceso contra los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano.
Media hora antes de que el jurado se reuniera por primera vez, al menos dos de los ocho futuros integrantes del instituto recibieron -cada uno por su parte- un llamado telefónico sorpresivo. "Se suspende todo", les avisó una voz.
Ante una consulta de LA GACETA, el legislador Marcelo Caponio, que formará parte del Jury, explicó las razones oficiales por las que no se celebró el encuentro. "Al haberse interpuesto en el día de la fecha el planteo ante la comisión de Juicio Político, y como se debe ratificar, rectificar o ampliar la denuncia en los próximos dos días hábiles, el trámite pasará para febrero", aseguró el alperovichista. Y añadió que los integrantes del jurado "decidieron constituirse durante los primeros días de ese mes para designar a sus autoridades".
Por lo bajo sobrevuelan otras versiones. La primera indica que existen disputas internas entre algunos miembros del Jury por la presidencia del instituto. La segunda, que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) no envió la notificación a la Legislatura para confirmar que el vocal designado para representar al alto tribunal será Daniel Posse, ex secretario de Derechos Humanos del gobierno de José Alperovich.
De todas maneras, el oficialismo garantizó que la prórroga se debió a una mera cuestión de plazos, ya que "la feria judicial de verano también afecta los tiempos" del órgano que acusa a magistrados.
Ayer a la mañana, los abogados de Susana Trimarco, madre de Marita, plantearon la denuncia en la Legislatura en contra de Piedrabuena, Herrera Molina y Romero Lascano. El escrito fue recibido y firmado con rapidez por la comisión de Juicio Político de la Cámara. Según fuentes del parlamento, la intención era que se le permitiera a la candidata al premio Nobel de la Paz ratificar hoy la demanda. En pocas horas, los planes cambiaron de manera abrupta.
Cerca del mediodía se supo que Herrera Molina había presentado la renuncia a su cargo. El magistrado, que integra el Poder Judicial desde hace más de dos décadas, está en condiciones de acogerse a la jubilación. Ayer, LA GACETA trató de contactarse con él, pero desde su entorno indicaron que prefería no hacer declaraciones.
La dimisión -condicionada- aún debe ser aceptada por Alperovich. Si el titular del PE concede el retiro, el vocal no será sometido al proceso de enjuiciamiento. "El trámite deviene en abstracto", explicó una fuente del oficialismo.
Trimarco se mostró satisfecha con la decisión del camarista. "Por lo menos que uno (de los jueces) tenga un poco de dignidad. Me parece bueno (que haya renunciado), porque lo que hicieron es una vergüenza", indicó, en diálogo con LA GACETA. De todas formas, aseguró que su principal preocupación no pasa por allí. "Por mí que hagan lo que quieran. Lo que me interesa es la verdadera justicia por mi hija", añadió.
Piedrabuena indicó que no hará "ninguna apreciación" sobre la dimisión de Herrera Molina. "Es una decisión personal", afirmó. Y destacó que también está analizando el "curso de los acontecimientos". "Ahora estoy en una etapa de elaboración", agregó.
En el alperovichismo garantizan que aquella renuncia no alteró los planes en el proceso. Pero lo concreto es que hubo un giro inesperado en ese trámite.
La semana pasada, se suspendió la reunión constitutiva del Jury porque la CSJT había designado a Posse como representante. Pero la Constitución provincial le impedía al ex funcionario que participe del jurado, ya que era presidente del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Por eso, luego de que renunciara al órgano de preselección de jueces, el encuentro se postergó hasta ayer a las 19.
Los miembros del Jury habían sido citados para esa hora. Por la Legislatura iban a asistir los alperovichistas Caponio, José Gutiérrez, Raúl Hadla y Alejandra Cejas, y el macrista Alberto Colombres Garmendia. Por la CSJT, el vocal Posse; por el PE, el hermano de este, Jorge Posse Ponessa, quien es fiscal de Estado; y por el Colegio de Abogados de Tucumán, Sebastián Herrera Prieto.
Se hablaba de Daniel Posse y de Caponio como posibles presidentes del Jury, y se habían previsto los nombres para los otros cargos. Pero, minutos antes de la reunión, se desarmó todo. Y el proceso que acapara la atención del oficialismo entró en un largo compás de espera.