Entre las 24 leyes que pretende sancionar hoy la bancada alperovichista de la Legislatura, otra vez aparece el nombre del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). En la última sesión del año, el oficialismo utilizará su abrumadora mayoría para autorizar a ese organismo a realizar compras directas por $ 7 millones en la construcción de 35 casas destinadas a familias de pueblos originarios tucumanos.

El proyecto de ley, que lleva la firma 15 legisladores del PJ, busca habilitar al Ipvdu a que sortee las licitaciones previstas en la Constitución provincial, debido a que se deben cumplir plazos con el Gobierno nacional en la ejecución de la obra.

En el recinto, la iniciativa chocará contra las críticas de la oposición. De hecho, Alberto Colombres Garmendia (PRO) presentó ayer ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) un planteo de inconstitucionalidad contra una ley similar, aprobada en noviembre. La norma que reprocha el macrista habilita al Ipvdu a realizar compras directas, en toda la provincia, para la edificación de mejoras habitacionales. "Ya vivimos la nefasta experiencia de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), que utilizó este sistema para que los proveedores del Estado suministren bienes con un marcado sobreprecio. Hoy se pretende hacer lo mismo con el Instituto de la Vivienda", afirmó el macrista.

La iniciativa será defendida en el recinto por el jefe de la comisión de Obras Públicas, José Teri (PJ). En los argumentos de la propuesta, el oficialista destaca que las casas serán construidas con fondos que enviará el PEN para el Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales.

El convenio firmado con la Nación establece que si la Provincia no cumple con los plazos previstos, los recursos destinados a este plan deben ser devueltos, según el texto que elaboró Teri.

Además, la propuesta apunta que se edificarán siete propiedades en León Rougés; tres en San Pedro de Colalao; siete en Taco Ralo; y 18 en la zona de El Mollar y Tafí del Valle. "Es por todos conocida la situación actual de los pueblos originarios y la necesidad de políticas públicas encaminadas al apoyo y mejoramiento de su calidad de vida", indica el proyecto.

Colombres Garmendia será uno de los que vote en contra. Incluso, mostró su postura al formular aquel planteo ante la CSJT. "Con esta acción no se pretende que el Estado no construya viviendas. Pedimos que se sigan los procedimientos constitucionales establecidos; es decir, la licitación de las obras", afirmó el macrista.

La radical Silvia Elías de Pérez también se sumó a los cuestionamientos. "Esta es una ley que le dará la posibilidad a (el interventor del Ipvdu, Gustavo) Durán de que compre todos los materiales necesarios para la edificación de esas viviendas de manera directa", expresó la opositora.

A ella también le genera sospechas que se utilice ese mecanismo en el Instituto de la Vivienda, y recordó el escándalo de la DAU que, en agosto, estalló junto con la renuncia de su director, Miguel Angel Brito. "Algo ha quedado demostrado con las sucesivas investigaciones en la Dirección de Arquitectura: cada vez que se saltea la licitación pública, (el recurso) va a engrosar los bolsillos de alguno de los tantos funcionarios. Nunca se utiliza esta vía para que las cosas salgan mejor para la gente", añadió. José Manuel Páez (DC) valoró la importancia del emprendimiento, pero adelantó que votará en contra "porque sin licitación se encarecen los costos y se pierde transparencia". "Cada vez que el oficialismo pide sortear la licitación, trámite que ordenan la Constitución y la ley de Obras Públicas, intenta justificar esto con un supuesto apuro. Pero, en este caso, el plan ya está firmado con anterioridad. El apuro es por la demora del Poder Ejecutivo", remarcó Páez.

Este será uno de los tantos temas fuertes de la sesión de hoy. Y, aunque los opositores lo rechacen con su voto, el bloque del PJ le dará un cierre al 2013 con la sanción de una ley hecha a pedido del PE.