San Juan pasa por su mejor o peor momento desde 1983, cuando Argentina toda volvió a abrazar la democracia. Imposible saber si la prosperidad de algunas partes de la provincia responde al bienestar generalizado que logró la gestión del gobernador kirchnerista José Luis Gioja, como presume el sector que lo apoya, o al enriquecimiento ostentoso derivado del desguace de la república, como supone la minoría que critica al Gobierno y a sus socios.
Esos pareceres antagónicos cohabitan en 89.651 kilómetros cuadrados de tierra seca y laderas andinas, los mismos que hace dos décadas adoptaron como hijo político al médico Juan Manzur cuando este contrajo matrimonio con la sanjuanina Sandra Mariela Mattar Sabio. La pareja, que tiene tres hijos, presuntamente nació en los círculos de jóvenes argentinos descendientes de libaneses. Por entonces, Manzur recién comenzaba a transitar la biografía política que hasta el presente abarca los cargos de gerente de Epidemiología y Enfermedades Prevalentes del Ministerio de Salud de San Luis (a partir de 2000); secretario de Salud Pública de la Municipalidad de La Matanza (en 2002); ex ministro de Salud (2003-2007) y vicegobernador -con licencia- de Tucumán (desde 2007 y con reelección en 2011), y ministro de Salud de la Nación del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (asumió en julio de 2009).
San Juan y Juan Manzur están unidos por el nombre de pila, la familia, y un volumen creciente de propiedades e intereses económicos. Este último vínculo existía ya en 2003, cuando el aún novel gobernador José Alperovich convocó al discípulo del entonces ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, para revertir la desnutrición infantil que incendiaba a Tucumán. En ese momento, la esposa de Manzur habría trabajado como docente con un salario mensual de $ 300; después, en la declaración jurada o ddjj 2009 consignó que durante ese año se había desempeñado como empleada de la Dirección General de Rentas de Tucumán y que había percibido sueldos por un total neto de $ 3.772 -en las ddjj posteriores no mencionó ingresos por otros trabajos-. A finales de la década de 1990, Sandra Mattar Sabio habría adquirido la casa de la calle 9 de Julio 232 Este de la capital de San Juan mientras que en 2003 habría recibido $ 2.000 por mes en su condición de titular del 12,5% de Alsusasi SRL, empresa sanjuanina propietaria de Olimatt, aceitera que funciona en el departamento Pocito.
En los últimos nueve años -período que coincide con la antigüedad de Gioja y de Alperovich en el poder-, el patrimonio del matrimonio Manzur Mattar Sabio desplegó sus alas en la provincia de Domingo Faustino Sarmiento, como reflejan las ddjj que este confeccionó en cumplimiento de la ley y que, desde 2009, está obligado a presentar cada año en la Oficina Anticorrupción (OA) del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. Esos formularios forman parte del expediente iniciado en 2010 en el Juzgado Federal N° 1 (a cargo del juez Daniel Bejas), en virtud de una presentación del abogado peronista Oscar López, que denunció a Manzur por supuesto enriquecimiento ilícito.
Entre el acceso del funcionario a la cartera de sanidad tucumana y la ddjj 2011 (última disponible en la OA), la pareja adquirió 77 hectáreas en el departamento Pocito y los siguientes tres inmuebles en la capital (ver tabla): un lote en la calle 9 de Julio 148 Este (situado a una cuadra del que Mattar Sabio habría incorporado en la década de 1990 y a metros de donde viven los padres de esta); un local de 1.435 metros cuadrados en la intersección de avenida del Libertador General San Martín y Urquiza, y una casona antigua de 285 metros cuadrados ubicada en la calle Entre Ríos 145 Sur que milagrosamente sobrevivió al terremoto de 1944. De esa lista, Manzur y Mattar Sabio sólo se habrían desprendido de los inmuebles de la calle 9 de Julio 232 y 148, que no fueron consignados en la relación presentada por el médico al momento de asumir como ministro nacional. Al menos hasta finales de este invierno, ambos bienes eran terrenos baldíos y parecían deshabitados; algunos vecinos dicen que estas propiedades seguirían ligadas a la familia Mattar.
La peatonal y la prensa
La brisa soleada de julio sienta estupendamente a las peatonales de San Juan, ciudad donde residen apenas 110.000 habitantes (la provincia entera tiene 681.055, según el censo 2010). La capital sorprende con su centro aseado y animado -tanto o más grande que el de San Miguel de Tucumán-; con sus aceras libres de vendedores ambulantes, y con sus ciudadanos-consumidores que entran y salen de la tienda Falabella, y llenan los cafés. Sobre las mesas descansan, aburridos, los diarios del día, cuyas secciones "duras" sólo cubren la agenda del gobernador y de la presidenta. La oposición brilla por su ausencia, como si San Juan no pudiese estar mejor de lo que está.
"Los medios rara vez cuentan algo que no sea la versión oficial de las cosas", advierte un empleado de un matutino. "No tengo datos ni intenciones de hablar en contra del poder político", se disculpa y facilita números de fuentes que a lo mejor sí puedan ayudar a matizar la realidad de la provincia adoptiva de Manzur. Un contacto lleva a otro y así, hasta que la abogada Silvia Villalonga, presidenta de la Fundación Ciudadanos Independientes (FUCI), abre la puerta de su estudio y confirma: "el acceso a la información pública está bloqueado en San Juan. Vivimos en un gueto donde el Poder Ejecutivo (PE) maneja absolutamente todo, donde hacemos de cuenta que hay democracia y división de poderes, pero, en verdad, sólo tenemos discrecionalidad, arbitrariedad y corrupción".
El Centro y el ambiente
El mastodóntico Centro Cívico Néstor Carlos Kirchner será siempre una obra del Gobierno de Gioja, pese a que su concepción comenzó después del terremoto de 1944. Desde entonces, todos los que llegaron al poder prometieron terminarlo, pero, como mucho, avanzaban un poco en la edificación de sus 80.000 metros cuadrados (equivalentes a casi seis sedes juntas del Poder Legislativo tucumano) y después reconocían que se habían quedado sin fondos para continuar. El alguna vez llamado despectivamente "monumento al cemento" quedó inaugurado en abril de 2009, en la mitad del segundo mandato de Gioja.
"El gobernador ganó las elecciones de 2011 con el 70% de los votos (obtuvo la re-reelección reforma constitucional mediante) porque ha hecho una gestión adecuada; no podemos negar que es inteligente y trabajador, pero no es transparente y no respeta la Carta Magna. No publica, por ejemplo, las cuentas del Estado", reflexiona Villalonga. A modo de ejemplo, la presidenta de FUCI cita el secretismo con el que el PE maneja las cuestiones medioambientales y de regalías vinculadas a la extracción de oro y plata en las minas a cielo abierto Veladero (comenzó a funcionar en 2005) y Pascua-Lama (en etapa de construcción). Ambos yacimientos son explotados por la compañía canadiense Barrick Gold.
El Centro Cívico con estilo neobrutalista, que aloja a gran parte de la administración pública provincial, está situado sobre la avenida del Libertador General San Martín, vía principal de la capital, y polo de entretenimiento y la gastronomía. En esa arteria revalorizada durante la última década que, de algún modo, expone la mejor cara de San Juan, Manzur tiene un local comercial de 1.435 metros cuadrados donde funciona una estación de servicios Esso. Este negocio, en principio encabezado por el empresario local Roberto Ponte, generó al funcionario ingresos anuales por $ 480.000 en concepto de alquiler, según las últimas tres ddjj que este presentó a la Oficina Anticorrupción.
La propiedad fue declarada por primera vez en 2009, cuando Manzur se unió al equipo de Fernández de Kirchner. En ese formulario, el ministro afirmó que había pagado $ 900.000 por el local; que su valuación fiscal ascendía a $ 179.876; que lo había adquirido con ingresos propios en febrero de 2008 y que era su único dueño (el bien consta a nombre de los dos cónyuges en el Registro de la Propiedad del Inmueble de San Juan). Según tres inmobiliarias consultadas, en ese tramo estratégico de la avenida del Libertador el metro cuadrado valdría, en el presente, entre U$S 500 y U$S 700.