BUENOS AIRES.- El Gobierno recusó a todos los miembros de la Cámara Civil y Comercial para neutralizar un posible fallo en contra del 7D. De los camaristas recusados, los más cuestionados por la Casa Rosada fueron Ricardo Recondo, a quien acusa de ser la cabeza de una operación para favorecer a Clarín, y Francisco De las Carreras, denunciado por el delito de "dádivas".
El ministro de Justicia, Julio Alak, en conferencia de prensa, señaló: "las resoluciones de la Cámara fueron adoptadas con gran velocidad y son pasibles de ser recurridas por revocatoria y por nulidad. A las 7.35 se hizo la presentación porque se está violando la garantía constitucional de la independencia de los jueces y de la imparcialidad".
Alak explicó que, en lo que respecta a la ley de Comunicación Audiovisual, el Gobierno sufrió una denegación de justicia. "La causa que inició el Grupo Clarín fue tomada por el Civil y Comercial que no es competente. Sí lo es el Contencioso Administrativo, pero ese grupo buscó este fuero que se basa en cuestiones del sistema privado. Esta es la primera irregularidad que encontró el Estado".
Además, el funcionario consideró que en caso de que se extienda la medida cautelar más allá del 7 de diciembre "sería un alzamiento contra un ley de la Nación y generaría un conflicto de poderes". Alak aseguró que el Gobierno detectó "extrañas" resoluciones de la Cámara Civil y Comercial en donde autoexcluyeron de responsabilidad a los camaristas que han sido denunciados penalmente por el PE ante el Consejo de la Magistratura y la justicia Penal. (DyN-Télam)