Alberto Ziperovich - Contador público nacional
La movilidad social ascendente no se logra en escenarios con inflaciones mayores al 4-5 % anual. Analizando sólo la variable consumo podríamos ser víctimas de un espejismo. Es posible inferir que hay mayor poder adquisitivo en la Argentina. Sin embargo, analizando el cociente producto bruto sobre población, estamos como en 1998. El panorama 2013 es el siguiente: la imposibilidad de discriminar consumidores según su poder adquisitivo en el gas y la energía eléctrica implica un ajuste global no menor al 25%; un incremento de las valuaciones fiscales inmobiliarias en un 25%; las alícuotas de Ingresos brutos ya fueron actualizadas un 40%. La distorsión generada por la falta de ajuste de los mínimos no imponibles de impuesto a las ganancias ha convertido a una porción importante de la clase media en contribuyente de ese impuesto; cuestión inédita en un país que se ufana de promover la movilidad social. Al Estado no le basta con recaudar por emisión monetaria excesiva el impuesto inflacionario. También convierte en contribuyente impositivo a una porción importante de empleos legales medios y medios bajos. La eficiencia en el combate contra el empleo ilegal deja mucho que desear. Hasta el mismo Estado en determinadas circunstancias utiliza figuras de monotributistas para encubrir contratos de empleo y evitar contribuciones sociales. Aún así, el empleo que crece es el público. Los índices de ilegalidad o subempleo en la actividad privada son del orden del 40%. Esto no refleja una perversión o algún comportamiento general negativo de los propietarios de las PyME. Nada de ello: es reflejo de una situación de costos internos que resulta insostenible en el sector empresario que mayor mano de obra ocupa en la Argentina. Hubiera sido más importante subsidiar el empleo de las PyME que los consumos energéticos de los sectores sociales pudientes.