Aleardo F. Laría - Agencia DyN
BUENOS AIRES.- El canciller Héctor Timerman reclamó la ayuda de la comunidad internacional para liberar al mundo de los "fondos buitre". Se trata de una cruzada que difícilmente encuentre eco dado su irrealismo y el hecho de que proviene de un país con un frondoso historial de incumplimientos de deuda soberana. Aquella idea también fue planteada por la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, en una reunión de ministros de Finanzas del G-20 en México. Esta obsesiva campaña contra los "fondos buitre" no es más que una cortina de humo que pretende encubrir unas sinuosas maniobras dirigidas a eludir el cumplimiento de una resolución judicial dictada por un tribunal de Nueva York.
Como han señalado especialistas, la pretensión del juez Thomas Griesa de que la Argentina brinde el mismo tratamiento (pari passu) a los holdouts que al resto de acreedores, carece de la gravedad que le atribuye el Gobierno y, por el contrario, puede ser una magnífica ocasión para solucionar definitivamente el problema de la deuda.
Llama la atención esa extrema demonización de los acreedores que -no habría que olvidarlo- son simples tenedores de títulos de la deuda pública que la Argentina se comprometió a pagar alguna vez y luego no cumplió. Muchos de los compradores de "bonos basura", caracterizados despectivamente como "fondos buitre", no son más que estudios jurídicos dispuestos a gastar su tiempo en la persecución de deudores remisos. En ese espacio, se mueven también fondos internacionales de alta especulación (hedge founds) que, en ocasiones, realizan maniobras dirigidas a elevar artificialmente el precio de una moneda o de unas acciones, para vender antes que se derrumbe el precio, lo que los sitúa directamente en el terreno delictivo.
Sin embargo, la operación de adquirir por un precio una opción de compra (calls) o de venta (puts) sobre un activo subyacente, especulando con la oscilación del precio futuro -al alza o a la baja- para hacerse con una ganancia, corriendo el riesgo de soportar una pérdida, es una operación perfectamente legal que practican millones de personas en el mundo.
La designación local de los abogados que practican juegos especulativos similares en la Argentina, es la de "caranchos", denominación popularizada en la conocida película protagonizada por Ricardo Darín. En la versión autóctona es conocida la forma en que algunos "exitosos" abogados han conseguido incrementar exponencialmente su fortuna personal. En algunos casos, se han aprovechado de una información privilegiada para adquirir viviendas a precio vil. Pero, en otros casos, la operatoria ha rozado el terreno delictivo, cuando ha habido un concierto fraudulento para recibir tierras fiscales brindadas por socios políticos a precios irrisorios, para venderlas luego a valores de mercado.
Antes de sumarse a la altisonante epopeya que propone el canciller Timerman, convendría hacer repaso de algunos pequeños detalles que son resultado de aplicar simplemente el sentido común. La primera consideración, bastante obvia, es que si las naciones honraran su deuda soberana, no habría espacio para el juego de los fondos que especulan con bonos públicos. La segunda, que si legislación urbanística de la Argentina estuviera actualizada, resultaría imposible que los especuladores locales construyeran su portentosa riqueza beneficiándose con la compraventa de terrenos fiscales que deberían destinarse a un uso social. La Argentina es un país muy extenso, pero todavía no se le ha brindado a cada habitante la posibilidad de ser titular de 300 metros de terreno para construir su primera residencia, entre otros motivos, porque las tierras fiscales algunos intendentes se las ceden a sus amigos. Luego, presos de un curioso arrebato, se le propone al mundo salir a cazar pájaros.