Lo advirtieron antes de la sanción de la ley. Y la toleraron apenas cuatro meses. La reforma al sistema de mediación prejudicial, dispuesta por el alperovichismo a principios de año, parece haber desanimado a letrados y litigantes. Al punto que el Colegio de Abogados de la capital, haciéndose eco de las quejas recibidas, solicitó a los tres poderes del Estado la suspensión de la controvertida Ley Nº 8.482.

Con la firma del presidente, Eudoro Aráoz, y del secretario, Jorge Contrera, la entidad profesional requirió la urgente creación de una comisión, integrada por miembros del Poder Judicial, legisladores y abogados, para evaluar el actual funcionamiento del sistema de mediación, y efectuar las modificaciones que se crean necesarias.

La misiva del colegio no ahorra en reparos. Incluso, habla de la disfuncionalidad que provocaron los cambios normativos. "Produjeron el caos, el desprestigio y el rechazo de este novel proceso. De esta manera, el objetivo de un instituto que tenía entre otras metas paliar el colapsado funcionamiento del sistema de Justicia provincial, ha generado fundadas dudas acerca de su efectividad, su bondad y su duración en el tiempo", plantearon Aráoz y Contrera en el escrito.

En marzo, el oficialismo legislativo modificó la Ley de Mediación. Entre otros cambios, se decidió que el financiamiento del sistema recaiga sobre las partes, salvo supuestos excepcionales (antes de la enmienda, el Estado abonaba los honorarios de los mediadores -siempre en función del valor aconsejado para la consulta escrita- en todos los casos sin monto o que tuviesen un monto menor de $ 10.000, haya o no arreglo).

Ese, puntualmente, es el eje del reclamo de los abogados. Y fundamentaron su planteo en que la mediación había servido para descomprimir los juzgados, especialmente en el fuero de Familia y Sucesiones. "El sistema, cumpliendo con el mandato constitucional y de los tratados internacionales benefició a los ciudadanos de menores recursos, quienes pese a sus dificultades económicas tuvieron acceso a la Justicia, encontrando una rápida respuesta a sus reclamos sin tener que abonar los honorarios del mediador. También benefició a los letrados, los cuales pudieron conocer las ventajas del sistema y concluir procesos con más rapidez, pudiendo percibir sus honorarios en un tiempo prudencial y no con la dilación a la que el proceso judicial nos tiene acostumbrados", afirmaron las autoridades del colegio profesional de letrados de la capital.

Pero esos beneficios, según Aráoz y Contrera, ya no existen. "Esas bondades fueron eliminadas por la apresurada sanción de una ley no consensuada con la comunidad jurídica, fundada únicamente en un criterio economicista. Se dio prioridad a la postura de la eliminación del gasto que implicaba el pago de los honorarios", se quejaron. "En términos de política de estado, el pago de los honorarios a los mediadores judiciales no debe considerarse un gasto improductivo. Debió privilegiarse el hecho de que el sistema, como estaba diseñado, disminuía la litigiosidad, garantizaba el acceso a la justicia, evitaba la creación de nuevos juzgados, permitía eficientizar la administración de los recursos económicos y humanos asignados al Poder Judicial y disminuía la conflictividad social", añadieron.

Paralelamente, el Colegio de Abogados capitalino criticó el funcionamiento del Centro de Mediación del Poder Judicial ya que, a su entender, carece del personal y de la infraestructura necesaria para atender con eficiencia todas las causas que ingresan diariamente.