Si hay algo para lo cual debe servir la ley, es para proteger a los débiles. Por eso creemos oportuno debatir la posibilidad de agravar las penas en delitos cometidos contra adultos mayores, embarazadas, discapacitados y menores de 16 años, a partir de un proyecto de la diputada oficialista Diana Conti. La protección de los más indefensos no tiene color político: es una bandera que todos los políticos debemos llevar bien alta más allá de nuestras diferencias ideológicas. Es público el estado de indefensión en el que se encuentran nuestros mayores, muchas veces presas de manejos extraños de algunos profesionales de la salud inescrupulosos, que se aprovechan de su debilidad para robarles, drogarlos, o apropiarse de sus pertenencias. Otro tanto pasa con los mayores víctimas de parientes que, lejos de velar por su bienestar, se aprovechan de ellos para obtener beneficios económicos. Ni que hablar de los discapacitados, muchas veces objeto del maltrato en sus propias casas o en instituciones especializadas, sin tener voz para denunciar los atropellos. El proyecto de la diputada Conti puede ser un camino para mitigar estas situaciones. Otra opción sería crear defensorías especiales para abusos perpetrados en estos casos. Con una reforma del código Penal en puerta, también podríamos contemplar la posibilidad de aplicar las soluciones en el marco del nuevo código. La UCR tiene especialistas que conocen la materia, y que seguramente pueden aportar soluciones de fondo. Si el oficialismo abre el debate, entre todos podremos frenar la ola de abusos que sufren nuestros ciudadanos más indefensos.