"La recuperación de YPF está bien, pero debieron hacerlo de otra manera". La frase, sintetiza el pensamiento de varios gobernadores, la mayoría oficialistas e incluso involucrados directamente en el proceso que derivó en la expropiación de las acciones de Repsol en la petrolera. Sin embargo, estos mismos gobernadores ya dieron muestras de que se adaptarán rápidamente al nuevo escenario, porque entendieron que el mensaje político que contiene la drástica medida es que la presidenta, Cristina Fernández, parece dispuesta a jugar a fondo desde el arranque de su segundo mandato. Más pragmáticos todavía que los políticos son los empresarios, por lo menos los más encumbrados, que ya le dieron señales al Gobierno, por distintas vías, de que asimilarán el efecto aleccionador que supone la expropiación a Repsol, tratando de parecerse lo menos posible a la compañía española. Por caso, la poderosa Techint sólo repartirá entre sus accionistas el 14% de las utilidades de su último ejercicio, mientras que el resto lo aplicará a inversiones, la mayoría proyectadas en la Argentina. Los bancos, a su vez, acudieron rápidamente a una reunión convocada por Axel Kicillof. El hombre del momento en el universo kirchnerista los citó en las oficinas de la intervenida YPF, en Puerto Madero, y les transmitió la idea -de manera mucho menos enfática que su reciente intervención en el Congreso- de que no debían esperar cambios en la relación con la petrolera. Los banqueros escucharon con atención, puesto que varios de ellos tienen una porción considerable de su cartera tomada por los créditos que concedieron al grupo Eskenazi, que aún conserva el 25% de las acciones de YPF. La incertidumbre que se percibe por los efectos económicos que tendrá la expropiación de YPF se disipa en el campo político, donde la Presidenta capitaliza la medida y le permite al oficialismo un respiro luego de meses de estar a la defensiva, según lo reflejaron los primeros sondeos de opinión sobre el tema.