Tucumán se merece tener un calendario escolar consensuado, que permita respetar a rajatabla un orden, que incluya el inicio y la terminación del ciclo lectivo, las modalidades y tiempo de evaluación de contenidos y todas aquellas actividades que se propongan realizar las escuelas. Los padres cuentan con ese derecho y los alumnos también. No se puede tener de rehenes a más de 500.000 familias, para que a último momento se les comunique que en dos días empiezan las clases, con todo lo que ello significa. Más aún cuando una gran cantidad de escuelas no está preparada para ese cometido. Los docentes bien pueden cumplir con el plan educativo mientras sus dirigentes que los representan negocian mejores salarios con el Gobierno. Muchos países de la región aplican este maduro acuerdo social para favorecer la justicia educativa que tanto se declama en el continente. Las medidas de fuerza, que son constitucionales a favor de los trabajadores, pueden aplicarse en cualquier momento y circunstancias, sin necesidad de generar tantas tensiones. Aun cuando se persista en esta modalidad -el de no iniciar las clases- el Gobierno debería otorgar igual condescendencia a los padres que la que confiere a los gremios, para que las familias puedan organizarse para el inicio de clases. Así se evitaría la esquizofrenia comercial como la que se vio en estos dos últimos días. La imprevisión le ganó a la planificación. Hay una ley a la que la Provincia adhirió y que antepone los derechos de la niñez y adolescencia a cualquier otro derecho. Hay que recordarlo para generar buenos ejemplos.