BUENOS AIRES.- El mismo Estado que todo lo controla y que todo lo prohíbe se muestra a diario incapaz de hacer cumplir una Ley o de proteger la vida de los ciudadanos. Tal como se ha podido comprobar en estos pocos días que van del año 2012, la acción estatal se ha movido en dos velocidades: por un lado, demostró ser una perfecta máquina de impedir a la hora de sumar burocracia para trabar el comercio exterior, mientras que, a la vez, no ha logrado siquiera evitar una muerte en una ruta o impedir la ilegalidad en plena calle Florida. Tampoco ha sido muy feliz la acción de los organismos estatales a la hora de cuidar la imagen de la presidenta de la Nación, después de los sucesivos ruidos que metieron los comunicados que se dieron a conocer sobre su salud, tras la extirpación completa de la glándula tiroides, partes oficiales que, más allá de aclarar un tema muy sensible por tratarse de quien se trata, oscurecieron la cosa debido a varias contradicciones.
Tanto en éste como en otros temas de candente actualidad (homicidio en la Ruta 11, responsabilidad del 911 y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cortes en el Puente de la Noria y en la calle Florida), el sayo de Estado selectivo y miope a causa de la primacía que se le da a la política por sobre el respeto a las leyes, le cabe tanto al gobierno nacional, al bonaerense o al de la Capital Federal. Ya no se trata de medir la calidad de la salud, de la educación o de la seguridad que debe asegurar el Estado, sino de ver por qué en este tipo de hechos puntuales, aunque nada menores, no se registra ni el menor compromiso de los funcionarios.
Esta concepción de la vida regida por el Estado, similar a la que imperó en la Argentina con peronistas, desarrollistas, radicales y militares en buena parte de la segunda mitad del siglo pasado -excluidas la sangrienta experiencia de José Alfredo Martínez de Hoz y la mala praxis menemista de los ?90- han tenido como denominador común procesos de alta emisión, gasto público e inflación que terminan deteriorando el tipo de cambio y desmejorando la competitividad, si bien, desde los tiempos del "granero del mundo", nunca ningún gobierno había gozado de una situación de términos de intercambio tan acomodada como el actual. Sin embargo, otra pasión argentina, la de aspirar a que el Estado le arregle la vida a todos, siempre y cuando lo haga con los recursos de los demás, ha exacerbado la fuga de capitales (U$S 72 mil millones en cuatro años y medio), proceso que en 2011 se comió parte de las Reservas y terminó con las llamadas de "libre disponibilidad", junto con el uso de dólares para honrar la deuda y los pagos por la creciente importación de recursos energéticos. Ante la escasez de divisas, que este año podría complicarse por los menores precios internacionales de las materias primas que la Argentina vende al exterior y porque probablemente se perderá por la sequía un cuarto de la cosecha total estimada, la Presidenta optó por darle el cuidado de los dólares a un ortodoxo de esa economía cerrada, intervencionista y corporativa que tanto añora la sociedad: el secretario de Comercio Exterior, Guillermo Moreno. El nuevo organigrama puso a Moreno al menos por encima de cuatro ministros de áreas que tienen que ver con la producción: saltó a su jefe directo, Hernán Lorenzino en Economía; ha comenzado a operar en las áreas energéticas de Planificación, nada menos que con Julio De Vido como contendor; borró de un plumazo la tarea de Norberto Yahuar en Agricultura y sobre todo vació de contenido a Débora Giorgi, en Industria. Ante tamaña ofensiva, no iba a ser el Banco Central el que se le resistiera.
Con toda la manija presidencial en el puño, lo primero que hizo Moreno en noviembre fue poner en marcha el control de cambios, primero en cabeza de los particulares y ahora, en materia de controles a la importación, aunque al hacerlo esté corriendo dos riesgos: el de trabar las exportaciones que se alimentan de insumos importados y el de sumar desconfianza y que se camine al borde la cornisa en el plano de las inversiones, actividad económica y empleo. Si las cosas no salen bien, a la sequía climática le podría seguir una mayor sequía de dólares y correlativamente la de impuestos, por lo cual las dos balanzas están hoy más en capilla que en 2011.
Si bien debido a la crisis internacional el mundo emergente tiende al proteccionismo, lo que está ocurriendo en la Argentina es un nítido cambio en materia de libertad de comercio para los nacionales, pero además un ruido extremo para el mundo, comenzando por los vecinos y socios del Mercosur. Para Brasil, Moreno se ha convertido hoy en su enemigo público número uno: dicen que se trata de un funcionario "truculento" y no omiten agregar que acostumbra a amenazar a sus adversarios políticos.
Ni en este país ni en Uruguay pueden creer lo que está ocurriendo en materia de controles en la Argentina, sobre todo porque el Tratado de Asunción dispone en su Artículo 1 "la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países". Precisamente, porque su economía no participa de este criterio, ya que tiene institucionalizada la regulación estatal del comercio, con cupos y cuotas, el Congreso paraguayo no le otorgó aún la venia y Venezuela sigue afuera del Mercosur.
Los expertos estiman que si bien la balanza comercial de la industria en la Argentina es deficitaria en U$S 25 mil millones, el control de importaciones de Moreno apuntará más a los bienes de consumo que a los de producción, ya que hay sectores que tienen necesidad de adquirir en el exterior componentes importados muy altos, como el automotor. En este aspecto, también en Brasil especulan que la estrategia del supersecretario tendría por objeto dificultar las compras para canjear liberación de cupos por nuevas inversiones en el país, proyecto que el diario O Globo calificó de "tosco".
Este reparo, no obstante, no parece haberse dado en materia política, después de los barquinazos que produjeron las declaraciones sobre el rechazo en los puertos de la región a los barcos con bandera de las Faklands. La simbólica declaración que se realizó en Montevideo en la última reunión del bloque, que tanto agradeció Cristina Fernández, fue utilizada por la Argentina para mostrar la coherencia de los países miembros a la hora de rechazar a los buques que pescan con bandera kelper, decisión que llevó a algunos funcionarios argentinos a hablar de "bloqueo". Este desborde mereció la réplica del Foreign Office ("tuvimos discusiones productivas y honestas con Uruguay, Chile y Brasil y aseguraron que no habrá bloqueo económico", dijo el secretario de Relaciones Exteriores británico) y al final de la cuenta quedó bien en claro que a los países del Mercosur les salió barato el apoyo, ya que si los pesqueros de la discordia (hay 18 matriculados en España que producen al año unas 100 mil toneladas, por las que facturan unos 100 millones de euros) cambian de bandera antes de entrar a puerto podrán operar sin problemas.
La obsesión por imponer un relato único por parte de las autoridades, es lo que lleva de modo permanente a la prensa no alineada con los partes oficiales a buscar otras vertientes noticiosas, sobre todo cuando se observan hechos contrapuestos como éste de los barcos malvinenses que, para colmo, nadie sale a explicar. Salvando las distancias por lo delicado del tema, es lo que ocurrió también con la salud presidencial desde que se dio a conocer el diagnóstico de "carcinoma papilar en el lóbulo derecho de la glándula tiroides" que presuntamente aquejaba a Cristina Fernández. Quizás porque se saben en falta, hay que precisar que en Olivos se sostiene que los reparos periodísticos que se dirigieron en primera instancia a denunciar procedimientos clínicos poco claros que llevaron a los médicos a su extirpación total, aunque se "descartó la presencia de células cancerígenas", apuntaban a develar en verdad si hubo exageración en la comunicación del diagnóstico para provocar un clima político de adhesión. Ello es más que probable, pero lo cierto es que las propias contradicciones y los antecedentes en materia de intentar torcer los hechos le dieron, en todo caso, pasto a las víboras.
En medio de todas las dudas que generan los relatos oficiales, la decisión del vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, de no comprar más Clarín y La Nación en el Senado bonaerense y de no sumar sus informaciones a los partes de prensa, más que por autoritaria debe criticarse por poco práctica, aunque en el fondo se crea que, como Moreno lo hace con el cepo sobre los dólares, es también el Estado el que puede imponer los contenidos.