BUENOS AIRES.- La Justicia intervino hoy y por un año la administración de la empresa Cablevisión, del Grupo Clarín, en el marco de una causa judicial que inició el Grupo Vila-Manzano.
Tras dictar la orden de allanamiento, el juez federal de Mendoza Walter Bento designó al contador mendocino Enrique Anzoise para que ocupe el rol de interventor mientras avanza la investigación.
Gendarmería allanó esta mañana la sede de la empresa Cablevisión, del Grupo Clarín, por una orden judicial en el marco de una investigación por "graves irregularidades" en la administración del servicio de cable.
Una delegación de Gendarmería allanaba las oficinas que la compañía posee en el barrio porteño de Barracas, en busca de documentación que aporte datos a la investigación, según dijeron las fuentes consultadas.
La publicación digital del diario Clarín, nave insignia del Grupo que administra a Cablevisión, informó que la orden de allanamiento pertenece a la justicia de Mendoza, donde la empresa no tiene operaciones.
"Y sería a raíz de una denuncia del grupo Vila-Manzano, alineado con el kirchnerismo. El hecho se da en el marco de una agudización de los ataques del Gobierno al grupo Clarín", señaló el Grupo en el sitio web.
Momentos de tensión se vivieron al mediodía en la sede porteña de la empresa Cablevisión, donde empleados de la firma se enfrentaron a los interventores designados por la Justicia.
El contador mendocino Enrique Anzoise, designado coadministrador interventor de la empresa de servicios de televisión por cable, fue agredido a golpes de puño por los trabajadores de la compañía que expresaban temor a perder sus fuentes de empleo.
Ricardo Mastronardi, asesor letrado del interventor, aseguró que las autoridades de la empresa impidieron la ejecución de la medida judicial y aclaró que la decisión "está firme y debe ejecutarse".
Por su parte, el gerente de comunicaciones del Grupo Clarín, Martín Etcheveres, aseguró que Cablevisión estaba "sufriendo un despliegue absolutamente desmesurado e intimidatorio" y culpó al Gobierno por el allanamiento y posterior intervención.
"Todo configura una situación muy sospechosa y claramente de persecución. No podemos no vincularlo con la actitud del Gobierno Nacional. Vamos a apelar todas las instancias que sean necesarias para que se revierta este atropello", dijo el empresario. (NA - Especial)