El caso de la escuela Gobernador Javier López de Choromo (Trancas) dejó abierto un interrogante relacionado al efectivo control del uso de los fondos que el Gobierno les destina anualmente a los directores de escuela, para obras de mantenimiento. Precisamente, en la edición de ayer, LA GACETA publicó un informe sobre el polémico destino dado a los recursos por parte de la titular de una escuela.
De acuerdo a la documentación a la que pudo acceder este diario, la titular del establecimiento, Marcela López de Tapia, contrataba servicios y le compraba útiles escolares a una empresa cuyo marido es el propietario. Además, el domicilio fiscal que consignó la empresa Cetap en la factura, responde a la vivienda familiar en donde reside López de Tapia junto a su esposo y titular de la firma.
Si bien la ministra de Educación, Silvia Rojkés de Témkin, optó por no formular declaraciones públicas, desde el Ministerio de Educación informaron que se ordenó ayer a los responsables de área que investiguen si en el establecimiento se cometieron o no irregularidades.
También en los gremios que representan a los docentes causó revuelo la noticia. El secretario general de la Unión de Docentes Tucumanos (UDT), Carlos Arnedo, prefirió no profundizar su opinión en relación al caso "hasta conocer en detalle la situación". Aunque señaló que es una denuncia en la que el Estado provincial "debe corroborar la veracidad o no de los hechos y actuar en consecuencia".
De acuerdo a los pasos administrativos, Arnedo precisó que el Ministerio de Educación deberá evaluar si corresponde el inicio de un sumario administrativo para la directora de escuela Gobernador Javier López. "Es un proceso que comienza en la Casa de Gobierno", indicó el dirigente gremial.
De acuerdo a un acta escolar a la que accedió este diario, los docentes del establecimiento le cuestionaron a la directora el uso y el destino dado a los dineros que anualmente el Ministerio de Educación de la provincia le suministra a la escuela, cada vez que se inicia el ciclo lectivo, para trabajos de aprestamiento (según la denominación oficial).
En una reunión de trabajo -según consta el acta N° 212- un docente le preguntó a López de Tapia sobre el destino de los fondos para el aprestamiento de la escuela. En la respuesta a sus colegas, la directora admitió que la empresa contratista pertenecía a su esposo. "Recibimos dos aprestamientos, uno de $ 9.000 y el otro de $ 6.000. La idea central del trabajo es colocar el policarbonato en las aberturas del edificio escolar", había expresado la directora, al tiempo que reconoció -siempre según el acta- que "fue un error" contratar a la firma de su marido. El acta añade, al decir de López de Tapia, que "la única persona que la respaldó en su proceder fue la señora supervisora".
Además, la empresa fue inscripta en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), apenas 10 días antes de operar comercialmente con la escuela de Choromoro.
De acuerdo a la documentación a la que pudo acceder este diario, la titular del establecimiento, Marcela López de Tapia, contrataba servicios y le compraba útiles escolares a una empresa cuyo marido es el propietario. Además, el domicilio fiscal que consignó la empresa Cetap en la factura, responde a la vivienda familiar en donde reside López de Tapia junto a su esposo y titular de la firma.
Si bien la ministra de Educación, Silvia Rojkés de Témkin, optó por no formular declaraciones públicas, desde el Ministerio de Educación informaron que se ordenó ayer a los responsables de área que investiguen si en el establecimiento se cometieron o no irregularidades.
También en los gremios que representan a los docentes causó revuelo la noticia. El secretario general de la Unión de Docentes Tucumanos (UDT), Carlos Arnedo, prefirió no profundizar su opinión en relación al caso "hasta conocer en detalle la situación". Aunque señaló que es una denuncia en la que el Estado provincial "debe corroborar la veracidad o no de los hechos y actuar en consecuencia".
De acuerdo a los pasos administrativos, Arnedo precisó que el Ministerio de Educación deberá evaluar si corresponde el inicio de un sumario administrativo para la directora de escuela Gobernador Javier López. "Es un proceso que comienza en la Casa de Gobierno", indicó el dirigente gremial.
De acuerdo a un acta escolar a la que accedió este diario, los docentes del establecimiento le cuestionaron a la directora el uso y el destino dado a los dineros que anualmente el Ministerio de Educación de la provincia le suministra a la escuela, cada vez que se inicia el ciclo lectivo, para trabajos de aprestamiento (según la denominación oficial).
En una reunión de trabajo -según consta el acta N° 212- un docente le preguntó a López de Tapia sobre el destino de los fondos para el aprestamiento de la escuela. En la respuesta a sus colegas, la directora admitió que la empresa contratista pertenecía a su esposo. "Recibimos dos aprestamientos, uno de $ 9.000 y el otro de $ 6.000. La idea central del trabajo es colocar el policarbonato en las aberturas del edificio escolar", había expresado la directora, al tiempo que reconoció -siempre según el acta- que "fue un error" contratar a la firma de su marido. El acta añade, al decir de López de Tapia, que "la única persona que la respaldó en su proceder fue la señora supervisora".
Además, la empresa fue inscripta en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), apenas 10 días antes de operar comercialmente con la escuela de Choromoro.