No reconoce edades ni niveles sociales. Ataca a los pudientes y a los pobres. Se ha convertido desde hace tiempo en una calamidad que se ramifica constantemente. La droga está presente en calles, en escuelas, en barrios, en plazas, en oficinas... En junio pasado, especialistas en adicciones de catorce entidades públicas y privadas (el Siprosa, la Municipalidad capitalina, la UNT, el instituto Roca y distintas ONGs que asisten a adictos) divulgaron un informe, en el que uno de los puntos más preocupantes era el referido a la edad de los consumidores. En la última década la edad de inicio en el consumo de drogas descendió y en la actualidad, en numerosos barrios del Gran San Miguel de Tucumán, los chicos empiezan a consumir a los 5 y 6 años.
El comercio de sustancias ilegales se ha convertido también en un medio de vida para familias, muchas de escasos recursos. En lo que va del año, la Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop) ha efectuado 275 procedimientos antidrogas, un 30 % más que en el mismo período de 2010. Un poco menos de la mitad de estos (115) fueron allanamientos y en el 70 % se llevaron a cabo en casas de familia. Según el informe, estos operativos se duplicaron y pusieron de relieve una llamativa cantidad de mujeres involucradas. En 2010, representaban el 30% del total de detenidos y ahora más de un 40%. Este año, se arrestaron 224 vendedores, de los cuales 94 fueron damas. En el "emprendimiento familiar", juegan un rol destacado las abuelas, de entre 70 y 80 años. El jefe de la Digedrop le dijo a nuestro diario que en la mayoría de los casos, estas terminan excarceladas porque al tener más de 70 años, la Justicia Federal les concede la prisión domiciliaria. Una vocal del Tribunal Oral Federal manifestó que en la actualidad, vender drogas es una alternativa laboral en muchos barrios y que esta tendencia está más vinculada a la posibilidad de hacer dinero rápido en casa, mientras que el arzobispo de Tucumán dijo que "hace falta una voluntad política nacional para enfrentar el narcotráfico, porque por más que haya una decisión absoluta provincial, la droga entraría por cualquier lado".
El documento de las catorce entidades señaló que existe una grave deficiencia para asistir a adictos adolescentes en conflicto con la ley penal. El único centro de internación en la provincia, Las Moritas, es para mayores de 18 años sin causas penales y tiene capacidad para 21 pacientes. Indicaron que se observa una deserción escolar más temprana de los adictos y muchos de ellos son analfabetos.
Esta realidad es ampliamente conocida, sin embargo es inexplicable que no se avance con acciones concretas. En abril de 2010, la Legislatura sancionó por unanimidad la primera ley general para la prevención y asistencia a las adicciones que establece la conformación del Consejo Provincial de las Adicciones con representantes de todos los sectores del Estado: Educación, Salud, Seguridad, Desarrollo Social, ONG, universidades. No obstante, la iniciativa no entró aún en vigencia porque no se constituyó el consejo.
Escondiendo la tierra bajo la alfombra o mirando hacia otro lado, no lograremos impedir el avance de este flagelo que mata o inutiliza personas. La lucha contra la drogadicción debería ser una política de Estado, pero la clase dirigente parece seguir entretenida en otros intereses que, al parecer, difieren del bien común.
El comercio de sustancias ilegales se ha convertido también en un medio de vida para familias, muchas de escasos recursos. En lo que va del año, la Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop) ha efectuado 275 procedimientos antidrogas, un 30 % más que en el mismo período de 2010. Un poco menos de la mitad de estos (115) fueron allanamientos y en el 70 % se llevaron a cabo en casas de familia. Según el informe, estos operativos se duplicaron y pusieron de relieve una llamativa cantidad de mujeres involucradas. En 2010, representaban el 30% del total de detenidos y ahora más de un 40%. Este año, se arrestaron 224 vendedores, de los cuales 94 fueron damas. En el "emprendimiento familiar", juegan un rol destacado las abuelas, de entre 70 y 80 años. El jefe de la Digedrop le dijo a nuestro diario que en la mayoría de los casos, estas terminan excarceladas porque al tener más de 70 años, la Justicia Federal les concede la prisión domiciliaria. Una vocal del Tribunal Oral Federal manifestó que en la actualidad, vender drogas es una alternativa laboral en muchos barrios y que esta tendencia está más vinculada a la posibilidad de hacer dinero rápido en casa, mientras que el arzobispo de Tucumán dijo que "hace falta una voluntad política nacional para enfrentar el narcotráfico, porque por más que haya una decisión absoluta provincial, la droga entraría por cualquier lado".
El documento de las catorce entidades señaló que existe una grave deficiencia para asistir a adictos adolescentes en conflicto con la ley penal. El único centro de internación en la provincia, Las Moritas, es para mayores de 18 años sin causas penales y tiene capacidad para 21 pacientes. Indicaron que se observa una deserción escolar más temprana de los adictos y muchos de ellos son analfabetos.
Esta realidad es ampliamente conocida, sin embargo es inexplicable que no se avance con acciones concretas. En abril de 2010, la Legislatura sancionó por unanimidad la primera ley general para la prevención y asistencia a las adicciones que establece la conformación del Consejo Provincial de las Adicciones con representantes de todos los sectores del Estado: Educación, Salud, Seguridad, Desarrollo Social, ONG, universidades. No obstante, la iniciativa no entró aún en vigencia porque no se constituyó el consejo.
Escondiendo la tierra bajo la alfombra o mirando hacia otro lado, no lograremos impedir el avance de este flagelo que mata o inutiliza personas. La lucha contra la drogadicción debería ser una política de Estado, pero la clase dirigente parece seguir entretenida en otros intereses que, al parecer, difieren del bien común.