"Nadie quiere que pase lo mismo que en Jujuy", fue la frase repetida tanto por la Policía como por un grupo de vecinos de Villa 9 de Julio. Estos usurpaban desde hacía 25 días un predio de casi siete hectáreas. Con los plazos y una prórroga de cinco días cumplida, la Justicia ordenó la restitución del inmueble al denunciante, Ramón Gálvez, y dejó en claro que, en caso de ser necesario, debía utilizarse la fuerza pública. Y eso fue lo que sucedió después de cuatro horas de infructuosas negociaciones.

El grupo de apropiadores tenía hasta las 12.30 para abandonar pacíficamente el lugar, luego del pedido concreto de Mario Agüero Gamboa, empleado de la Fiscalía I, a cargo de las actuaciones, ordenadas por la jueza Nora Wexler y bajo requerimiento del fiscal Guillermo Herrera. Pero ni siquiera la promesa de un amparo pudo impedir que la situación se desmadrase unos minutos más tarde, cuando un grupo de uniformados se dirigió hasta una construcción, que se consumía por las llamas, presuntamente ocasionadas por integrantes de la toma. Ya cara a cara, no hubo vuelta atrás y, pasado el mediodía, ambos grupos comenzaron a atacarse. Los efectivos de Infantería dispararon todas las balas de goma que tenían contra los vecinos, que resistieron con palos, piedras y bombas molotov.

A partir de ese momento, el predio se convirtió en un campo de batalla, en el que sólo se escuchaban gritos, amenazas y detonaciones. Nadie quería retroceder y el intercambio de proyectiles se extendió por más de 45 minutos. Fueron tantos los disparos que, mientras esperaban más balas, los uniformados devolvieron las pedradas que llovían desde la resistencia. En medio de nubes de gases lacrimógenos, Infantería recibió apoyo de parte de Caballería, que a fuerza de latigazos buscó ahuyentar a un grupo de mujeres alteradas, que respondían lanzando lo que tenían a mano: piedras, botellas y palos. Fue entonces cuando la disputa comenzó a mutar, mientras policías sin uniforme derribaban las precarias casillas construidas con chapas, cañas huecas, plásticos y maderas.

Parecía que todos habían olvidado las razones por las que estaban ahí. Sólo querían seguir atacando al otro, sin meditar demasiado las consecuencias. Incluso, algunos vecinos denunciaron la saña con la que fueron repelidos, entre burlas e insultos. Así cayeron los primeros policías heridos, todos con golpes y cortes. En total fueron ocho los uniformados lesionados y sólo Rafael Brandán permanecía internado en un sanatorio de la capital, por una lesión en la cara.

En el contraataque final, los oficiales arremetieron por las calles del barrio Sitravi, en busca de los posibles responsables de las agresiones. Hubo cinco detenidos: tres hombres, una mujer y un menor. Los vecinos, por su parte, reclamaron sostenidamente que se habían cometido abusos de autoridad.

Según el acta policial que documentó el desalojo y a la que tuvo acceso LA GACETA, "estos grupos que ocupan en forma ilegal el predio le dijeron a los funcionarios del Poder Judicial que respondían a la diputada nacional Stella Maris Córdoba, en tanto otros decían pertenecer a la legisladora Carolina Vargas Aignasse y a la legisladora Mirta Gutiérrez,y que ellos les habían prometido solucionar su problema habitacional".

Sin paz y con mucha bronca contenida, los integrantes de la toma se replegaron y hasta entrada la noche un grupo de policías se mantenía apostado en los terrenos de la familia Gálvez, a la que los vecinos señalan como instigadora de la ocupación. En cambio, Ramón Gálvez negó cualquier relación con esos vecinos y desligó de responsabilidad a su hermano Joaquín, el principal señalado por los apropiadores.

En medio del descontrol, además, resonaron disparos que correspondían a armas de fuego. Para entonces, tanto los vecinos como la Policía habían olvidado sus primeros deseos: que no se repita lo que sucedió hace unos días en Libertador San Martín.